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El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León desestima el recurso de apelación interpuesto por la acusación particular contra la sentencia dictada el pasado 15 de febrero por la Audiencia Provincial de Valladolid.
La causa, iniciada en los Juzgados de Ciudad Rodrigo, lleva abierta más de un mes y se ha elevado al TSJCyL.
La Sala de lo Civil y Penal rechaza el recurso de la acusación particular y confirma la sentencia de la Audiencia de Valladolid.
El alto tribunal enmienda la sentencia emitida por la Audiencia Provincial palentina y revisa sus hechos probados por un error en la valoración de la prueba testifical.
El Tribunal las deja sin efecto porque solo incluye entre las retribuciones básicas del personal los trienios, cuando “debe incluir el sueldo asignado a cada categoría en función del título exigido para su desempeño y las pagas extraordinarias”.
La firma anuncia que recurrirá al Tribunal Supremo defender su posición y emprenderá todas las acciones necesarias.
El alto tribunal confirma el dictamen de un Juzgado de lo Social.
La Sala de lo Civil del TSJ aplica el atenuante de confesión tardía.
El TSJCyL descarta que el condenado actuara por orden de otro recluso al que temía y que fue absuelto.
La relación entre ambos se mantuvo durante el confinamiento a través de redes sociales.
El Alto Tribunal desestima el recurso de la defensa, que solicitaba la inclusión de la eximente por trastorno mental y la consiguiente rebaja en la condena, y asume las penas impuestas por la Audiencia Provincial de Salamanca.
La resolución, que cuenta con un plazo de cinco días para interponer recurso de reposición, responde así al recurso contencioso-administrativo puesto por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación contra la resolución de 10 de mayo de la Junta.
La Audiencia de Segovia le impuso, por apropiación indebida, 9 meses de cárcel y una indemnización de 18.800 euros.
Los hechos ocurrieron en Valladolid.
La Audiencia de Salamanca le consideró, en la sentencia ratificada, responsable del delito aunque le aplicó una eximente de intoxicación por drogas, puesto que había consumido gran cantidad de cannabis cuando sucedieron los hechos.
La sentencia del alto tribunal mantiene la privación de la patria potestad de su hija y la indemnización de 20.000 euros.
El TSJCyL desestima el recurso de la acusación particular y aprecia en su integridad la sentencia de la Audiencia Provincial que no consideró probadas las acusaciones tras la práctica del juicio oral.
Ahora el TSJ admite parcialmente la demanda del Ayuntamiento y ordena a la Consejería dictar una nueva Orden para resolver la propuesta del Instructor.
Se le condena a tres años de prisión y al pago de una multa de 20.000 euros.
El TSJCyL reconoce el derecho a esa percepción porque acudió 17 veces al centro de salud y no le hicieron una exploración vascular de sus extremidades inferiores.