Blanco destaca que el informe sobre dependencia demuestra que Castilla y León tiene el sistema “más eficiente” y la que mejor gestiona

La vicepresidenta de la Junta y la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, destacó que el informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales sobre dependencia demuestra, un año más, que Castilla y León tiene el sistema “más eficiente” y es la comunidad que “mejor gestiona”. Además, valoró que sea la autonomía más rápida en reconocer el grado a la persona dependiente y la que antes asigna la prestación, con 119 días frente a la media nacional de 334 y de 600 que tiene alguna región. Por último, subrayó que es la comunidad que más empleo vinculado a la atención de las personas dependientes genera, con 63 puesto de trabajo por cada millón de euros frente a los 34 de España. “Es algo que nos ayuda a fijar empleo en el territorio al ser un empleo que no se deslocaliza”, aseveró.

Antes de asistir al acto institucional de conmemoración del 42 aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que se celebró en las Cortes, mostró su satisfacción con que la Comunidad siga liderando, después de quince años, la atención a la dependencia, que beneficia a más de 126.000 personas.

Tras recordar que la Comunidad es la primera en Educación, la segunda mejor valorada por los usuarios de la Sanidad y líder en Servicios Sociales, Blanco aseguró que la Junta -y su presidente Alfonso Fernández Mañueco al frente- continuará con la prestación de los mejores servicios públicos, lo que, a su juicio, supone apostar por las personas de Castilla y León.

En este sentido, apuntó que hay margen para “mejorar”, pese a recordar que la ley fija en seis meses el periodo de tramitación para el reconocimiento del grado de dependencia y Castilla y León lo reduce a cuatro. No en vano, precisó que hay personas que fallecen durante el periodo de tramitación. Además, declaró que la Consejería “insistirá” y contactará con un seis por ciento de personas que ya tienen reconocida la prestación pero que no la hacen efectiva. “No es por causa de la administración sino de los beneficiarios”, aseveró.