La Agencia Tributaria despliega en quince autonomías una operación contra el fraude fiscal en el sector del comercio de madera

La Agencia Tributaria inició ayer una actuación coordinada en 15 comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, contra el fraude fiscal en el sector del comercio de madera. La operación, denominada ‘Llamera’, implica el inicio de comprobaciones inspectoras a 84 sociedades y 37 personas físicas vinculadas (socios, administradores y personas del entorno familiar).

La operación, coordinada por el Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria, ha contado con la participación de más de 350 funcionarios (más de 320 del Área de Inspección, incluyendo personal de las Unidades de Auditoría Informática, y más de una treintena de funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia), así como con el apoyo de agentes policiales.

Según apuntan desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública en un comunicado recogido por Ical, el dispositivo desplegado ha permitido la personación en 88 locales de las sociedades inspeccionadas que se encuentran situados en Andalucía (siete), Aragón (seis), Asturias (dos), Baleares (uno), Canarias (nueve), Cantabria (dos), Castilla-La Mancha (dos), Castilla y León (seis), Cataluña (ocho), Extremadura (uno), Galicia (12), Madrid (8), La Rioja (1), Murcia (dos) y Comunidad Valenciana (21).

La operación investiga sociedades dedicadas a la comercialización de la madera (incluidos productos derivados, como puertas, vigas, tableros, etc.) en las cuales se han analizado una serie de indicios de la existencia de economía sumergida y fraude fiscal.

Dentro del conjunto de contribuyentes analizados se han identificado sociedades cuyos socios presentan riesgos de incrementos patrimoniales no justificados, incrementos que podrían deberse a ventas ocultas de la entidad que se estuvieran materializando en incrementos patrimoniales de sus socios. Este riesgo afecta a los socios de más de la mitad de las sociedades que se han comenzado a inspeccionar.

A la hora de realizar la selección de empresas, se ha tenido en cuenta que muchas de las personas físicas vinculadas ostentan signos externos de riqueza que podrían constituir indicios de ocultación de ingresos, como el alquiler de cajas de seguridad o en algún caso la utilización de tarjetas bancarias personales con fuertes gastos. A la vez, tal y como establecen las Directrices del Plan de Control de 2023, a la hora de diseñar esta operación se ha prestado especial atención al uso intensivo del efectivo como modalidad de cobro.

En el análisis previo también se pudo analizar el caso de varias sociedades sujetas a comprobación donde los cobros con tarjeta y el efectivo ingresado en cuentas ya suponían cerca del 80 por ciento de la facturación declarada. Por tanto, hay claros indicios de que, al sumar, a su vez, las transferencias recibidas y el efectivo no ingresado en cuentas, la facturación real estaría superando claramente a la declarada.

Con la operación ‘Llamera’ son ya 23 las macrooperaciones sectoriales coordinadas desplegadas por la Agencia en la última década, con un resultado hasta cierre del pasado año de más de 2.000 expedientes finalizados e ingresos por importe de 386 millones de euros. Este tipo de actuaciones, además de facilitar la detección y regularización del fraude fiscal, permiten transmitir un mensaje disuasorio a los colectivos involucrados en estas prácticas, que tienen impacto en las arcas públicas y distorsionan gravemente la competencia en el propio sector afectado.