En un comunicado remitido a Ical, la organización solicitó al Gobierno autonómico que “no retrase por más tiempo” las indemnizaciones que, en algunos casos, superan incluso los 10.000 euros. Por ello pidió al Ejecutivo de Castilla y León que “demuestre con hechos que está sensibilizado con el problema de los ataques de los lobos al ganado”, después de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico incluyera a la especie dentro del Listado de Especies Silvestres de Régimen de Protección Especial (Lespre) en otoño del año 2021.
“Son numerosos los expedientes abiertos que aún no se han abonado”, lamentaron desde la Alianza, en lo que consideran “una evidente falta de actitud” por parte de la Consejería para “abonar rápidamente los daños" así como para contratar personal para determinadas unidades veterinarias “al borde del colapso” por tener “ralentizados” muchos de los trámites administrativos que “deberían agilizarse con prontitud”.
La Alianza UPA-COAG reclamó por ello a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio que “resuelva este problema de forma inmediata” ya que, de no ser así, estudiará emprender medidas de protesta.