Miguel Borra hizo estas declaraciones durante la inauguración de la nueva sede de la CSIF en Zamora, en la que también participaron el presidente autonómico del sindicato, Benjamín Castro, y la presidenta de la Unión Provincial de la CSIF en Zamora, Rosa Herrero.
“Aprovechando que hoy van a estar aquí los presidentes de todas las provincias de Castilla y León, el presidente autonómico y distintos delegados, les vamos a trasladar los contactos que, en estos momentos, estamos manteniendo con los distintos grupos parlamentarios exigiéndoles un pacto para salvar nuestra sanidad”, insistió.
“Estamos viendo lo que está ocurriendo en todas las comunidades autónomas, los problemas que estamos teniendo en la Atención Primaria, la falta de recursos humanos, facultativos, personal de enfermería, absolutamente de todas las categorías”, añadió.
Miguel Borra recalcó que el problema “no se circunscribe solamente” a la Sanidad. “Por ejemplo, la Seguridad Social ha perdido 10.000 empleados en los últimos diez años y dos tercios de la plantilla de Seguridad Social están a las puertas de la jubilación. Estamos viendo todos los problemas que están teniendo nuestros ciudadanos para acceder a las prestaciones de Seguridad Social”, precisó.
“Estamos manifestándonos por las dificultades que tenemos, por ejemplo, en la Inspección de Trabajo o las listas de espera que hay para poder acceder a renovar el DNI. Es decir, estamos en una situación que, en los servicios públicos, estamos bajo mínimos”, advirtió.
En este contexto, consideró que “nos ha vuelto a empobrecer más” el acuerdo entre CCOO y UGT suscrito con el Gobierno de España. “Cuando termine, a 31 de diciembre de 2024, los empleados públicos habremos perdido un diez por ciento más, que hay que añadir al 20 por ciento que llevamos acumulado desde el recorte de 2010 del Gobierno de Rodríguez Zapatero. O sea, que habremos perdido, prácticamente, un tercio de nuestro poder adquisitivo en los últimos años”, indicó.
“Esto no puede continuar así. Los políticos tienen que tomar conciencia de la necesidad de unos servicios públicos adecuados a las necesidades que tienen nuestros ciudadanos y, desde luego, todos los empleados públicos de este país necesitan y tienen el derecho a tener unos salarios dignos”, subrayó.
Miguel Borra insistió en que, “salimos perdiendo” al comparar el nivel de empleo público de España con el de la OCDE. “Estamos en niveles de empleo público muy por debajo de Francia. Los políticos, eso sí, han llenado muchas veces las administraciones públicas de agencias, de fundaciones, de personal eventual contratado sin ningún tipo de selección y, luego, nos encontramos con que donde nos falta personal es en Educación, en Sanidad, en la Administración General del Estado”, concluyó.
Mientras, el presidente autonómico de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, Benjamín Castro, recordó hoy que la organización pide “planteamientos serios y de futuro, con la política aparte” por lo que a la sanidad pública en Castilla y León se refiere.
“Queremos que se respete la negociación colectiva. Vamos a pensar en la sanidad pública en Castilla y León teniendo en cuenta su singularidad. Una dispersión inmensa. 2.248 municipios con sus consultorios y servicios públicos que atender y sumamos la población envejecida y la despoblación”, afirmó. “Tenemos que sentar a todos los actores fundamentales con propuestas serias, mirando hacia delante y con visión de mejora, atendiendo las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos”, insistió.
Benjamín Castro expresó su esperanza de que sea “constructivo” el próximo contacto con la Junta de Castilla y León. “El día 15, parece que la Administración autonómica, la administración sanitaria, el consejero y el viceconsejero tienen a bien recibirnos. Esperamos y deseamos que, esta vez, sea para algo constructivo y que sea el comienzo de una negociación real”, indicó.
“Hay que tener en cuenta la feminización de algunas categorías, lo que nos tiene que llevar a una mayor conciliación, a tener en cuenta la maternidad. Son causas no salariales pero que también hay que considerar, igual que la singularización de puestos en la ultraperiferia, que son de difícil cobertura, también en servicios sociales y algunos puestos de la administración general”, expuso.
Es necesario un pacto de Estado pero en Castilla y León tienen las competencias ellos. Hacen falta más MIR pero es que ni siquiera se quedan los que vienen. Se van los que están y no vienen los que no están. Algo tendremos que hacer”, observó.
Benjamín Castro recalcó que “hay un servicio de mediación estupendo” en la Administración pública, en referencia al Serla. “El modelo lo elige el Gobierno, no nosotros. Si tiene que ser el servicio de mediación público, hágase y nútrase de gente”, dijo. “En el último concurso de traslados, todo el que pudo salió corriendo de esos servicios y por algo será. También habrá que adaptar la normativa y alejarse de improvisaciones”, apuntó.
Respecto al primer año de Gobierno de coalición entre el Partido Popular y VOX en la Junta de Castilla y León, el responsable autonómico de la organización sindical afirmó que “tiene mucho que hacer” e incidió en que “entendemos de políticas públicas y no de partidos políticos”.
35 horas
En cuanto a las 35 horas semanales, el responsable autonómico de la organización sindical consideró que “el consejero de la Presidencia se va a otras tareas” y apostilló: “Tiene plena capacidad de obrar. Dijo públicamente que 2023 era el año de las 35 horas y estamos a tiempo de articularlo y ponerlo en marcha. El pacto es de 2019 y, simplemente, hay que cumplirlo por la parte de la Junta de Castilla y León”.
Igualmente, comentó que hay “pendientes” temas “de máxima urgencia”, como el convenio colectivo, “que afecta a casi 30.000 trabajadores” dentro de la Junta. “Están muy avanzadas las negociaciones pero recordemos que ya supone un fracaso en sí mismo cuando un convenio colectivo tiene una vigencia de siete años y llevamos cinco de negociación. Basta ya. Vamos a poner en marcha esas políticas”, exhortó.
“Los empleados laborales de la Junta de Castilla y León son los segundos peor pagados de España. Si queremos unos servicios públicos de calidad, hay que tener a los trabajadores formados y con perspectivas de futuro”, concluyó.
Por su parte, la presidenta provincial de la Central Sindical en Zamora, Rosa Herrero, destacó “la importancia y el papel” del sector público en la provincia, un territorio “disperso, envejecido y con una despoblación acelerada”. Zamora cuenta con unos 12.000 empleados públicos, entre los que figuran los 2.900 trabajadores de Sanidad, 2.380 de Educación, los 2.100 de la Junta de Castilla y León y los cerca de 800 de la Administración General del Estado.
“La voluntad de ofrecer una mejor atención a todos esos empleados públicos y defender sus derechos laborales y sociales, junto a la creciente presencia de este sindicato independiente en las empresas privadas -con representatividad en más de 60-, es lo que ha impulsado la iniciativa de tener unas renovadas instalaciones más abiertas, espaciosas y cómodas, que responden al impulso y crecimiento del sindicato independiente en Zamora”, señaló.