El Ayuntamiento de Morales del Vino coloca candados en el restaurante de la piscina, paralizando su actividad
La intervención directa del Ayuntamiento de Morales del Vino (Zamora) el pasado 6 de junio, al tomar posesión de las instalaciones de la piscina municipal tras dar por finalizada su relación contractual con la empresa gestora, ha tenido consecuencias colaterales no previstas, entre ellas, el cierre forzoso del Restaurante DH.
El establecimiento, operado por la empresa Kativan Cook S.L., se ha visto afectado por la colocación de un candado y cadenas que bloquean el acceso a su terraza, lo que ha paralizado por completo su actividad habitual. Este cierre se produce después de que el pasado 19 de mayo el Consistorio resolviera formalmente el contrato que mantenía desde 2015 con la empresa Primus Invictus S.A., encargada de la gestión de las instalaciones deportivas y recreativas del municipio, incluidas las piscinas de verano. La decisión del gobierno local perseguía recuperar el control de dichas infraestructuras con el fin de acometer reformas necesarias y reabrirlas al público tras un largo período de inactividad y deterioro.
Sin embargo, la actuación municipal ha afectado directamente a la operativa del restaurante, que ahora reclama formalmente la retirada de los elementos que impiden el uso de su terraza, y ha solicitado la interrupción de cualquier acción que implique una pérdida de control sobre el espacio que gestionan. Mediante representación legal, los responsables del restaurante han emitido un requerimiento dirigido al Ayuntamiento, denunciando la falta de procedimiento legal en la ejecución de dichas acciones y calificándolas de arbitrarias y perjudiciales para el normal desarrollo de su negocio.
Entre los daños que denuncian, se incluye la imposibilidad de cumplir con reservas previamente concertadas, como celebraciones familiares y eventos importantes, lo que pone en riesgo compromisos adquiridos con sus clientes. Además, alegan que estas actuaciones han sido llevadas a cabo pese a que la voluntad de los responsables del restaurante de continuar con su labor profesional era conocida por las autoridades municipales.
Desde el punto de vista jurídico, la defensa del restaurante sostiene que recurrir a la imposición directa, en lugar de acudir a los cauces legales correspondientes, constituye una actuación improcedente que compromete la legitimidad del propio Ayuntamiento. En consecuencia, exigen la eliminación inmediata de los obstáculos colocados en los accesos a la terraza y la restitución del uso pleno de sus espacios, así como de los bienes ubicados en su interior, cuya titularidad es exclusiva de la empresa hostelera.
Además, la parte afectada solicita un documento oficial que aclare los fundamentos jurídicos del acuerdo que ha dado lugar a esta situación: ya sea un acta de pleno, resolución administrativa o informe de comisión, con el propósito de contar con toda la información necesaria para ejercer su derecho a defensa dentro de los márgenes legales establecidos.
