Los agentes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) realizaron siete entradas y registros, cuatro de ellas en domicilios y tres en explotaciones ganaderas y mataderos. Asimismo, se inspeccionaron nueve restaurantes, de los que cuatro han sido cerrados cautelarmente, y una explotación ganadera clandestina.
En estas actuaciones, desarrolladas en las provincias de Madrid, Toledo y Ávila, se intervinieron 10.000 euros en efectivo, numerosa documentación, crotales, dispositivos electrónicos, instrumental utilizado para el sacrificio de animales y medicamentos veterinarios. Más de 350 animales tuvieron que ser sacrificados al encontrarse en condiciones severas de inanición o con enfermedades y malformaciones irreversibles.
El principal investigado gestionaba una explotación ganadera situada en la provincia de Toledo que operaba de forma clandestina, al no estar registrada en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA). Esta situación hacía ilegal cualquier entrada o salida de animales desde dicha instalación, informa Ical.
Junto con otro de los implicados, realizaban transportes irregulares de ganado ovino y caprino, recogiendo animales tanto de explotaciones legales como ilegales, y trasladándolos hasta la explotación clandestina. Para tratar de ocultar esta actividad ilícita, utilizaban documentación falsificada con el fin de simular que los traslados eran legales.
Una parte de los animales era enviada directamente a un matadero autorizado de la provincia de Ávila, en el que se mezclaba la actividad legal con la ilegal. Otra parte se trasladaba hasta otra explotación ganadera en San Fernando de Henares (Madrid), que funcionaba como el matadero clandestino principal del entramado. En este lugar, los animales eran sacrificados sin autorización, en condiciones higiénico-sanitarias muy deficientes y sin respetar la normativa de bienestar animal.
Parte de la carne procedente de estos sacrificios ilegales era distribuida a través de canales no autorizados. Uno de los detenidos, participaba en el sacrificio de los animales y posteriormente distribuía la carne a nueve restaurantes en la provincia de Madrid, los cuales la incluían en sus cartas e incluso ofrecían su reparto a domicilio a través de plataformas en línea.
Asimismo, se contató que varios de los investigados recogían de forma habitual carne en los mataderos clandestinos para distribuirla entre particulares en diferentes localidades madrileñas, sin ningún tipo de control ni trazabilidad.
La investigación determinó que la actividad delictiva se desarrollaba dentro de una estructura criminal organizada, compuesta por varios escalones jerárquicos, en los que cada integrante desempeñaba un rol específico. Esta coordinación permitía sortear los controles de las autoridades y multiplicar los beneficios económicos de su actividad ilegal.
Entre las prácticas fraudulentas detectadas, destaca el uso de pagos en efectivo y en “B”, así como la facturación por debajo del precio real del ganado para evadir impuestos, lo que constituye una modalidad de blanqueo de capitales.
La operación Pox, por su complejidad, ha requerido la colaboración de Europol y diversas Unidades de la Guardia Civil, entre ellas las Unidades del Seprona de Madrid, Toledo y Ávila, además de contar con el apoyo de la Policía Municipal de Madrid.
Por otro lado, se contó con la colaboración tanto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, como de las autoridades competentes de las comunidades autónomas afectadas en las distintas materias, siendo estas la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación y la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, además de la Subdirección General de Salud Pública del Ayuntamiento de Madrid, en adición con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla la Mancha.