Una tractorada que parte de Extremadura atravesará Castilla y León hacia Bruselas para denunciar las políticas agrarias de la UE
Una tractorada que parte de Extremadura atravesará las provincias de Ávila, Segovia, Valladolid, Palencia y Burgos en su camino de 2.000 kilómetros hasta Bruselas, con la que el sector pretende denunciar las políticas agrarias de la Unión Europea. A esta marcha, que pasará por Waterloo, se suma Asaja, según informó la organización agrariaen un comunicado.
El convoy, compuesto por tres tractores de la organización hermana en Badajoz -Apag Extremadura Asaja-, partirá el próximo martes 1 de abril desde Mérida, atravesando la provincia de Ávila en su primera etapa y haciendo parada en la capital amurallada. En su segunda jornada, los tractores surcarán tierras castellanas y leonesas por el resto de la provincia de Ávila, Segovia, Valladolid, Palencia y Burgos, donde finalizará esta segunda etapa. La travesía continuará por Francia hasta llegar a su destino final: Bruselas, el 7 de abril, tras siete días de recorrido.
Asaja Ávila hace un llamamiento a todos los profesionales del sector para que apoyen este “hito sin precedentes, que visibilizará la crisis estructural que sufren la agricultura y la ganadería en España”. “Nos vemos obligados a tomar medidas extremas porque la situación es límite. Las normativas impuestas desde Bruselas nos ahogan y ponen en riesgo la viabilidad de miles de explotaciones”, señaló.
Entre las demandas del sector para frenar el “deterioro” del sector agroganadero y que trasladarán a la administración comunitaria se encuentran la flexibilización de la Política Agraria Común (PAC), la reducción de su burocracia, un presupuesto “suficiente” a partir de 2027 y la eliminación del Cuaderno Digital de Explotación.
También reclaman precios “justos” para los productos agrícolas y ganaderos y la “no imposición” de aranceles a los productos que necesitamos para producir, como los fertilizantes. Además, demandan un mayor control en frontera sobre las importaciones de terceros países que no cumplen los mismos estándares de calidad y sanidad que los exigidos en la UE; y la eliminación de normativas medioambientales, como el Pacto Verde o la Ley de Restauración de la Naturaleza, que “dificultan la producción sin alternativas viables, así como la retirada del endurecimiento de la normativa de bienestar animal”. Por último, exigen un apoyo “real y efectivo” a los jóvenes agricultores y al relevo generacional en el campo.