La portavoz de PACMA, Yolanda Morales, denunció hoy que varios sectores están difundiendo un “presunto incremento exponencial” de lobos en Castilla y León, lo que constituye “una campaña de desinformación, un delirio” impulsado por la Junta, cazadores, empresarios y algunos sectores ganaderos para “justificar la pretensión del levantamiento de la protección de esta especie”.
La ecologista desmintió esa “narrativa” porque el censo más reciente, que señala la existencia de 193 manadas en Castilla y León, representa un incremento de tan solo un ocho en una década (menos de un uno por ciento anual). “Es un porcentaje ridículo que dista mucho de las cifras alarmistas que pretenden hacernos creer con titulares rimbombantes”, señaló.
Yolanda Morales denunció que esta “narrativa” responde a un “modelo de negocio que utiliza al lobo como enemigo para justificar la caza y las subvenciones a sectores como el de la ganadería”. “Mantener al lobo como objetivo de persecución perpetúa un sistema de intereses económicos y sociales que nada tiene que ver con la conservación ni con la protección del medioambiente, es por lo que tienen que velar”, aseguró.
Además, la representante del PACMA volvió a criticar el censo elaborado por la Junta, porque fue realizado en época reproductiva y contabilizando grupos familiares con cachorros, “cuya tasa de mortalidad en el primer año es muy alta”, informa Ical.
Yolanda Morales también cuestionó la metodología utilizada, que incluye manadas de zonas limítrofes de otras comunidades autónomas o incluso Portugal, y “no descuenta los ejemplares muertos en circunstancias sospechosas ni las manadas completas desaparecidas debido al furtivismo”.
Morales puso el foco en los responsables de realizar este censo. En este sentido, indicó que "la Consultora de Recursos Naturales S.L., encargada de este estudio y del control general de la situación del lobo en la Comunidad desde hace años, está liderada por Mario Sáenz de Buruaga, un biólogo vinculado estrechamente al sector cinegético y receptor de, al menos, 49 contratos públicos por valor de casi dos millones de euros desde 2018, según el portal web Gobierno Contratación”.
“Es escandaloso que los datos que justifican la posible desprotección del lobo provengan de una empresa que trabaja directamente para el interés de la Junta y cuyo director tiene una tendencia histórica a favorecer la caza”, explicó la portavoz.
La portavoz de PACMA concluyó con un mensaje claro: “Mientras las políticas de gestión del lobo estén en manos de quienes priorizan el beneficio económico sobre la biodiversidad, el lobo seguirá siendo víctima de persecuciones injustas. Es hora de romper con este modelo de destrucción medioambiental y apostar por una política que priorice la protección animal y el interés colectivo”.