Ahora Decide: "Dos años después del mayor incendio sufrido por esta provincia, el fracaso de todas las administraciones en prevención de incendios es evidente"

La Junta de Castilla y León tiene competencias exclusivas en ordenación del territorio, desarrollo rural, agricultura y ganadería, tratamiento especial de las zonas de montaña, etc., competencias de desarrollo normativo y de ejecución  en protección del medio ambiente, montes, aprovechamientos forestales y prevención y extinción de incendios, por tanto es la administración que tiene el 80 % de la culpa de este fracaso.

La Junta convoca ayudas quinquenales (entre 5.000 y 15.000 euros anuales), poco utilizadas, para prevenir daños a los bosques para titulares de explotaciones o terrenos forestales en régimen privado mayores de 1 ha., financiadas con cargo a los fondos europeos, del Estado y de la Comunidad  en los Programas de Desarrollo Rural.

Que concede subvenciones anuales directas a las diputaciones para contratar cuadrillas con el objeto de tener limpios de maleza los “interface” de los pueblos, entornos de 200 o 300 metros alrededor de las localidades para evitar los peligros de los incendios.

Que pone en marcha el operativo anual de prevención y extinción de incendios con críticas constantes desde hace muchos años, especialmente los meses anteriores a los dos grandes incendios de la Sierra de la Culebra.

La Diputación que tiene subvenciones anuales directas de la Junta para garantizar la contratación de cuadrillas de trabajadores que limpien las parcelas públicas de los entornos de los pueblos y  caminos, que tienen los equipos operativos cercanos para la prevención y extinción de incendios y especialmente para la protección de los entornos urbanos (del Consorcio) por tanto es la administración que tiene el 15 % de la culpa de este fracaso.

Y el Gobierno Central que a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico debe asegurar la llegada regular de las ayudas de los fondos FEADER comunitarios a las comunidades autónomas, exigiendo a cambio un esfuerzo para conseguir un equipamiento, una formación, una estabilidad y unas condiciones equiparables entre todas las CC.AA para garantizar una acción coordinada y eficaz.

Que ha aprobado una nueva normativa en el Consejo de Ministros del 1 de agosto 2022, dando a las comunidades autónomas un plazo de 5 meses para adaptar sus servicios a las nuevas circunstancias asegurando la llegada de ayudas, mayor igualdad entre todas las Comunidades y comprometiéndose a mantener activo todo el año el dispositivo de medios aéreos, unidades helitransportadas y el resto de medios de apoyo, poniéndolos a disposición de las comunidades autónomas, por tanto, se podría decir que es la administración que tiene el 4 % de la culpa de este fracaso.

Queda un 1 % que desde Ahora Decide atribuimos a los ayuntamientos y a los vecinos, a los ayuntamientos que tienen ayudas para limpiar los entornos de los pueblos en terrenos de titularidad pública y competencias para exigir la limpieza de las tierras de propiedad privada a través de las ordenanzas, y a los vecinos que tienen la obligación de mantener sus parcelas limpias y pueden tener ayudas reguladas en el Programa de Desarrollo Rural con fondos FEADER y de los presupuestos Generales y de la Comunidad.

Pues pasados dos años de la enorme devastación sufrida por los incendios forestales que condicionarían el futuro social, económico y medioambiental de más de 40 pueblos de las comarcas de La Carballeda, Aliste, Tábara, Alba y Los Valles principalmente, calcinadas más de 60.000 hectáreas en sólo dos meses, la mayoría de monte arbolado, el 32 % de la superficie arbolada de la provincia, en los dos incendios más grandes de la historia de España, según algunas fuentes, podemos decir que: si se volvieran a dar las mismas circunstancias este verano podría volver a pasar lo mismo.

Uno de los hechos que más alarmó a la población es la total falta de previsión y planificación para que los incendios no puedan afectar a las viviendas y puntos críticos de los pueblos (gasolineras, almacenes, naves ganaderas, etc.).

Dos años más tarde la situación de los entornos de los pueblos es la misma, el llamado por los técnicos el “interface”, es decir los 200 o 300 metros alrededor de las poblaciones, pueden arder en el 95 % de los pueblos y de las localidades de Toro, Benavente y Zamora (recordemos lo pasado anteayer en el bosque de Valorio) porque las ayudas siguen sin contribuir a que esos entornos no estén limpios, no se han revisado los hidrantes (bocas de riego) de los pueblos para garantizar su operatividad, porque el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación Provincial es el mismo que hace dos años, siguen sin emisoras de coordinación entre los camiones y el operativo, no han hecho simulacros para garantizar una acción rápida y coordinada en caso de incendios de nivel 2, siguen sin el material adecuado que se demostró necesitaban, siguen renovar camiones antiguos, etc…

El Gobierno Autonómico anunció cambios importantes en la política de incendios forestales pero nada se ha puesto en marcha todavía que suponga un aumento significativo de personal y una profesionalización de una actividad crítica que debería orientarse a la prevención. Se han ampliado los contratos de algunos grupos, se garantiza la estabilidad de los fijos discontinuos pero la realidad es que a falta de estabilidad real, los operativos se llenan de operarios inexpertos.

Parte de las 80.000 hectáreas calcinadas siguen con los pinos quemados siendo urgente su extracción, no se conoce un plan de reforestación que contando con los vecinos y sus representantes garantice unas plantaciones con más variedades autóctonas que sean más resistentes a los incendios, las sacas han provocado el destroce de caminos y carreteras de uso común de los vecinos, todo va con una lentitud pasmosa. 

El Gobierno Central este año no ha ordenado que al menos dos aviones ligeros de transporte de agua estén permanentes en la base de Rosinos como han estado otros años.

Ante esta situación AHORA DECIDE

AFIRMA que si se dan las condiciones adecuadas, este año puede volver a pasar lo mismo que hace dos años.

PEDIMOS que cada administración cumpla con sus competencias y modifique sus planes de actuación, su legislación y su trabajo diario de acuerdo con lo aprendido en la catástrofe de la Sierra de la Culebra.

CALIFIQUEN DE ACTUACIÓN URGENTE la garantía de que los 200 metros del entorno de todos los núcleos de población de la provincia estén limpios el próximo verano.