La Junta alerta del “impacto” presupuestario de la Ley Universitaria: "Es prácticamente inasumible”

La Junta de Castilla y León alertó hoy del “impacto” presupuestario d de la nueva Ley orgánica del Sistema Universitario (LOSU) al asegurar que es “prácticamente inasumible”. En este sentido, la consejera de Educación, Rocío Lucas, aseguró que hay leyes que son de imposible incumplimiento y materialización. “El papel lo aguanta todo pero luego hay que ponerlo en realidad”, aseveró tras precisar la incidencia de la ley en el Capítulo 1 de gastos de personal y las condiciones del profesorado.

Antes de participar en la entrega de diplomas a los Centros Referentes en Derechos de Infancia y Ciudadanía Global por parte de Unicef Comité Castilla y León, Lucas salió al paso de las informaciones sobre la primera fase del Plan de Ordenación Docente (POD), diseñado por la Universidad de Valladolid (UVa) para el próximo curso, que contempla eliminar los turnos de tarde y concentrar las clases teóricas por la mañana en las asignaturas de todas las titulaciones con hasta 120 alumnos matriculados. 

Una medida que afecta a las titulaciones más demandadas como Medicina, Derecho, Filología Inglesa o Periodismo, entre otras, y que ha recibido el rechazo frontal del profesorado, al considerar que irá en detrimento de la calidad de la docencia que reciban los estudiantes y advertir que se vuelven al sistema antiguo de clases masificadas. En este sentido, aseguró que la ley establece más complicaciones a la hora de contratar profesorado en lugar de facilitarlo, por lo que lo que las universidades optan por que no haya desdobles para “atender” a sus alumnos. En todo caso y según recogió la Agencia Ical, mostró su respeto por la autonomía universitaria y destacó que la Junta estará al lado de las universidades para solicitar un cambio en la aplicación de la ley.

La consejera aprovechó esta situación para pedir, de nuevo, una demora en las aplicaciones inmediatas de la LOSU como la cotización de las prácticas que deben realizar los alumnos a partir de enero. “Exigimos que, una vez se conforme el nuevo Gobierno, se reflexione sobre una mala ley, algo en lo que coinciden las comunidades autónomas y todos los rectores de las universidades. “Hay una unanimidad en contra de la ley”, aseveró. Además, lamentó que el Gobierno de España desaprovechara la “gran oportunidad” para hacer una ley que beneficiara al sistema universitario estatal.