La Alianza UPA-COAG pide que se investigue un posible incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria por parte de bodegas de la DO Toro
La Alianza UPA-COAG ha dirigido un escrito a la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) para denunciar el presunto incumplimiento que algunas bodegas de la Denominación de Origen Toro hacen de la Ley de la Cadena Alimentaria, ya que les están ofertando precios muy inferiores a los de la pasada campaña, que dependiendo del tipo de uva, pueden suponer una bajada de hasta el 33 por ciento del precio percibido en 2022.
En un comunicado recogido por Ical, las organizaciones agrarias explican que la oferta de una gran bodega de la DO Toro para la presente campaña, que suele ser el referente para la fijación del precio de compra de la uva para el resto de las bodegas de la denominación, es de 0,20 euros para la uva de las variedades malvasía y garnacha y de entre 0,37 euros (grupos 3 y 4) y 0,43 euros (grupo 2) para la Tinta de Toro, ofreciendo 0,58 euros (grupo 1) por la uva de esta variedad procedente de viñedos viejos. En la pasada campaña 2022, los precios fueron de 0,30 para malvasía y garnacha, y para la tinta de Toro 0,57 euros (grupo 2); 0,52 euros (grupo 3) y 0,72 euros (grupo 1).
En estos precios y estimando la producción máxima autorizada por el Consejo Regulador de 7.500 kilos para la Tinta de Toro y de 9.000 kilos para el resto de las variedades, sólo las producciones de Tinta de Toro de grupo 1 y las de grupo 2 procedente de explotaciones que estén en la banda baja de costes, superarían en ingresos a los gastos de producción.
Para UPA-COAG “no existe causa objetiva, ni agronómica ni de mercado, que justifique esta bajada de precios, que solo puede atribuirse al afán especulativo de determinadas bodegas. Por ello pide a la AICA que actúe para poner fin a este tipo de prácticas, que pone en peligro una actividad productiva e industrial de máxima importancia para amplias comarcas de nuestra comunidad”.
Igualmente, reclaman de los empresarios bodegueros responsabilidad social y un serio compromiso con el futuro del sector productor, “remunerando a precios justos la uva que compren para garantizar así la rentabilidad y, en consecuencia, la continuidad de las explotaciones vitícolas”.