UCCL pide a la Junta que asuma los costes extra del traslado de animales y de la vacunación en las zonas de restricción por lengua azul

La organización profesional agraria también pide que se elimine la obligatoriedad de aportar certificados de inexistencia de síntomas y de desinsectación del vehículo.

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GanaderiaVacas


La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) solicitó hoy a la Junta que asuma los costes extra del traslado de animales y de la vacunación obligatoria en las zonas de restricción por lengua azul, dado que el protocolo establecido por la Consejería de Agricultura y Ganadería tras la detección de los focos de esta enfermedad en dos explotaciones de Ciudad Rodrigo y Sotoserrano, en la provincia de Salamanca, está ocasionando “un aumento de costes” vinculado al traslado y a la vacunación obligatoria en caso de tenerse que realizar con un veterinario privado.


Según recuerda UCCL en un comunicado remitido por Ical, por un lado, los ganaderos de zonas restringidas están obligados, para el movimiento de animales a mataderos o para vida, a aportar un certificado de un veterinario de inexistencia de síntomas de lengua azul y uno de desinsectación del vehículo en las 48 horas previas a la carga. Estos certificados deben ser realizados por un veterinario privado, lo cual está suponiendo un coste extra a los ganaderos, así como un incremento de la burocracia, en un momento de difícil situación para el sector que, según UCCL, “agrava aún más la ruina de este sector”.


Del mismo modo, el protocolo establece que los ganaderos que quieran agilizar la vacunación obligatoria para poder tener libertad de movimientos, pueden contratar un veterinario privado para vacunar a sus animales, cuyo coste debe ser asumido por el propio ganadero. La administración solo cubre el coste de la vacuna, pero no así la de los servicios.


UCCL pide que dentro de la zona de restricción declarada por la Consejería de Agricultura y Ganadería, cuando se haga un movimiento de animales a matadero, no sea obligatorio aportar ningún de los certificados solicitados, para ayudar por un lado a disminuir la burocracia y, por otro, a reducir los costes que están asumiendo los ganaderos.


En caso de ser necesarios aportar dichos certificados, UCCL reclama que los costes extras en ningún caso deben ser asumidos por los propios ganaderos, como está ocurriendo actualmente, sino que debe ser la Administración autonómica la que corra con todos los costes adicionales mediante un sistema de compensaciones o que sean los veterinarios oficiales quienes los tramiten, cosa que “actualmente no se está produciendo”.


Vacunación obligatoria junto con la campaña de saneamiento

Igualmente, La Unión de Campesinos de Castilla y León insta a la Consejería que, siempre que sea posible, se ofrezca a los ganaderos la posibilidad de hacer la vacunación obligatoria junto con las campañas de saneamiento ganadero de tuberculosis bovina, que evite tener que meter a los animales afectados tres veces por las mangas de manejo. El manejo de los animales en ganadería extensiva es complicado y, en ocasiones, hay que lamentar perdidas económicas derivadas de este manejo, como pueden ser los golpes en partes cárnicas de la canal, reducción del pH por el estrés previo al sacrificio, o incluso lesiones graves que ocasionan la muerte.


Por este motivo, y al objeto de evitar estos daños, la UCCL ve necesario que se ofrezca la posibilidad a los ganaderos de realizar de manera conjunta la vacunación obligatoria por lengua azul junto con las campañas de saneamiento ganadero de tuberculosis bovina.


Por último, la organización agraria recuerda que se mantendrá alerta en el proceso de vacunación, para que en caso de que se produzcan daños en las explotaciones, por posibles efectos secundarios que se produzcan en ganado ovino o vacuno, como abortos, aumento de la mortandad o reducción de la producción, como ya ocurrió en el año 2011, se habilite un sistema de compensación por parte de la Administración para compensar las pérdidas.


La organización recuerda que las zonas de restricción afectadas en la provincia de Salamanca son: Béjar, Ciudad Rodrigo, Guijuelo, La Fuente de San Esteban, Lumbrales, Tamames y Sequeros y en la provincia de Ávila son Arenas de San Pedro, El Barco de Ávila, El Barraco, Candeleda, Cebreros, Navarredonda de Gredos, Navaluenga, Piedrahita y Sotillo de la Adrada.