Igualdad aprueba un plan para ofrecer alternativas socioeconómicas y laborales a mujeres víctimas de trata y explotación sexual

El Consejo de Ministros aprobó este martes el 'Plan Camino', una herramienta con la que Igualdad pretende poner en marcha una “política pública necesaria y ambiciosa” a partir de la cual poder ofrecer alternativas económicas, laborales y sociales a mujeres víctimas de trata, explotación sexual y en contexto de prostitución.

Lo anunció la portavoz y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrada en el Palacio de La Moncloa, en la que refrendó la voluntad del Gobierno de ayudar a esas “vidas rotas” que sufren las mujeres y las menores de edad víctimas de esta lacra.

El plan contiene medidas propias del departamento dirigido por Irene Montero y otras transversales a realizar con otros 11 ministerios, con el fin de desarrollar las acciones recogidas en la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual y complementar las iniciativas que establece el Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos 2021-2023 en lo relativo a la trata con fines de explotación sexual.

Igualdad ha observado que la crisis socioeconómica provocada por la pandemia y por la invasión rusa de Ucrania obliga a “redoblar algunas líneas de política pública para garantizar a estas mujeres la salida de la explotación y vulneración de derechos”.

Por todo ello, el 'Plan Camino' incluye 28 medidas articuladas en cinco líneas de acción para desarrollar entre 2022 y 2026, con una dotación económica que asciende a 204 millones de euros.

En ese sentido, ante la inexistencia de estadísticas fiables sobre esta lacra, el plan incluye la realización de “la mayor macroencuesta sobre trata y prostitución de la UE”, que permitirá disponer de “cifras reales, mapeando la oculta realidad de las cifras y datos sobre el número de mujeres víctimas de trata y explotación sexual y de aquellas que están en contextos de prostitución”.

Del mismo modo, se trabajará en la prevención y desincentivo de la demanda, a través de campañas de sensibilización dirigidas a jóvenes y hombres adultos, y concienciando desde las escuelas.

También se articularán mecanismos de “detección multiagenda” de las víctimas, con el objetivo de que puedan acceder a derechos económicos, socioasistenciales y de salud sexual y reproductiva, sin que su ejercicio dependa de la presentación de una denuncia.

Con ese objetivo, Igualdad ya ha aprobado el nuevo sistema de acreditación para las víctimas, aunque reconoció la necesidad de consolidarlo “de manera efectiva en la mayor brevedad posible”, para que “ninguna mujer tenga que ver supeditados sus derechos a dar ese paso tan difícil como es interponer una denuncia contra sus tratantes y explotadores”.

El departamento de Irene Montero considera que una de las principales líneas de acción para atender a las víctimas pasa por “ofrecer vías realistas de salida de la explotación”, para lo cual “resulta central vincular la consolidación de un itinerario de atención integral para estas mujeres, con programas de acceso a derechos sociales y económicos, tres de los pilares de una de las medidas centrales del Plan Camino”: el I Plan de Inserción Sociolaboral para Víctimas de Trata, Explotación Sexual y para Mujeres en Contextos de Prostitución (2022-2026).

El 90% de las víctimas que atienden las organizaciones son mujeres migradas en situación administrativa irregular, por lo que, según Igualdad, “la regularización es la única vía para que esta salida se haga realidad para todas ellas”.

Por esa razón, se impulsará el acceso a la regularización documental de las mujeres víctimas. Para tal fin, Igualdad ha alcanzado “un acuerdo histórico sobre el que vamos a trabajar intensamente en los próximos meses”, para que “todas las mujeres, y especialmente las más vulnerables, sean beneficiarias de todas las medidas” recogidas en esa entente.