Los mataderos de Castilla y León exigen a la Junta una respuesta a sus reivindicaciones ante las reformas normativas en el sector

La Asociación de Mataderos de Castilla y León (Amacyl) exigió hoy a la Junta una respuesta a sus reivindicaciones "sobre asuntos que asfixian el ejercicio de su actividad, como tasas, deducciones y horarios", a la espera de las reformas normativas "urgentes" para el sector.

Así lo hizo saber la asociación, en un comunicado remitido a Ical, tras recordar que se encuentran a la espera de una nueva cita con el Gobierno autonómico tras la reunión mantenida el pasado 28 de junio con la directora general de Salud Pública, Sonia Tamames, que se comprometió a "concretar los aspectos tratados y dar una respuesta". 

Una de las principales reivindicaciones de Amacyl está relacionada con las tasas oficiales que deben abonar, tanto en relación con su recaudación, como con su importe, no habiéndose visto reducidas ni como consecuencia de la crisis sociosanitaria por el Covid-19, ni tampoco ante los actuales incrementos del coste de la energía. 

Este sobrecoste, según Amacyl, supone que de media un matadero de Castilla y León pague al año unos 8.000 euros más en tasas que los de otras comunidades del país. En relación a este punto, la asociación fue informada de que las tasas de la Comunidad son tributos cuyo hecho imponible consiste en la prestación de servicios. No, obstante, Sonia Tamames "se comprometió a estudiar la cuantía actualmente fijada para dichas tasas, especialmente en relación con las de aplicación en otras comunidades autónomas".

Asimismo, la directora general de Salud Pública acordó revisar la actual regulación en materia de horarios, calificada por la asociación como “muy problemática” para el ejercicio de su actividad. Por una parte, por la exigencia de un preaviso de 48 horas para la matanza y el hecho de que sea necesario abonar un importe extra para poder mantener los mataderos abiertos a determinadas horas, fines de semana y los días 24 y 31 de diciembre, dificulta la organización de sus empresas, en las que intervienen, aparte de los servicios veterinarios, distintos agentes no dependientes del matadero en cuestión como ganaderos y rutas de transporte. 

Otro de los temas tratados, y sobre el que la asociación espera un avance, es el de las deducciones de aplicación en su actividad, ya que, a pesar de existir una Instrucción en vigor sobre actuaciones en materia de tasas por inspecciones y controles sanitarios de animales y sus productos, consideran “imprescindible una homogeneización de los criterios a aplicar, no quedando éstos, como ocurre actualmente, al albur de decisiones subjetivas en cada caso”. Piden además que esas decisiones, como la consideración de una falta como grave, no acarree como consecuencia la no concesión de deducciones.

Desde Amacyl insistieron en señalar que esperarán hasta el mes de septiembre para solicitar una nueva reunión, en caso de no tener previamente lugar una citación desde la Dirección General de Salud Pública, pero aguardan respuestas concretas a toda esta problemática relacionada con temas legislativos y normativos que está suponiendo "graves perjuicios" para el desarrollo de la actividad del sector de los mataderos en Castilla y León.