PACMA presenta alegaciones contra dos macrogranjas que ponen en peligro Corcos del Valle y Quintanilla de Trigueros

El Partido Animalista PACMA ha presentado alegaciones contra los proyectos de apertura de dos macrogranjas en Valladolid; en Quintanilla de Trigueros y en Corcos del Valle. Según la formación política, proponen ubicaciones en lugares muy concretos que no cumplen con el régimen de emplazamiento y distancias que determina la normativa para este tipo de actividades. «Se trata de una actividad molesta por malos olores, insalubre y nociva, en especial por lo que respecta a la contaminación del suelo y las aguas», explica la vicepresidenta y miembro del equipo legal, Cristina García, añadiendo que «no se hace ningún tipo de alusión a la calidad de vida que tendrán estos animales».

Un plan de explotación porcina de Ganadería San Bolin de 3.168 cerdas madres, 500 de reposición y 6 verracos en Quintanilla de Trigueros y otro de Progatesca de 2.660 lechones, 450 cerdas de reposición y 10 verracos en Corcos del Valle están levantando protestas de vecinos, organizaciones ecologistas y del Partido Animalista.

Este último ha presentado más de 60 páginas de alegaciones en contra de ambos proyectos, ya que aseguran que podrían suponer un grave impacto medioambiental, paisajístico, urbanístico, social, económico y turístico, además del maltrato sistemático que supone este tipo de explotaciones para los animales.

El Partido Animalista asegura en su informe que la documentación técnica presentada e integrante del proyecto «no ha sido redactada con la intervención de técnicos con la titulación adecuada», por lo que entienden que, de entrada, no puede ser tenida en consideración.

Además, en el caso de la macrogranja prevista en Quintanilla de Trigueros, se prevé ubicar en suelo rústico común, por lo que habría que realizar una modificación puntual e indispensable de las normas urbanísticas una vez sean aprobadas. PACMA expone que no se aporta justificación en este sentido que permita conocer la conveniencia de la modificación acreditando su interés público.

De hecho, argumenta lo contrario: «su instalación impacta en el medio ambiente, pero también en el bienestar de sus habitantes, en su calidad de vida y el patrimonio por la depreciación del entorno y sus posibilidades de negocio. Los beneficios económicos derivados de la granja no supondrían más que en unos pocos puestos de trabajo; la estructura empresarial está pensada para minimizar al máximo la ocupación.»

Proyectos en detrimento de los pueblos

Ambas macrogranjas estarían ubicadas dentro de las áreas limítrofes de la Red Natura 2000 y espacios protegidos, impactando gravemente sobre la flora y la fauna locales.

Para el Partido Animalista, no solo no aportarán beneficios socioeconómicos, sino que «creará perjuicios que mermarán considerablemente las posibilidades de desarrollo de la zona». Se reitera la posibilidad de crear empleo «sin tan siquiera especificar el número de puestos a largo plazo y sus categorías para una valoración de este posible impacto, pero es que, además, una macrogranja genera menos empleo, incluso, que la ganadería extensiva y ecológica, dado que todo está mucho más automatizado», puntualizan.

Ubicados en zonas vulnerables por nitratos

Las macrogranjas suponen un altísimo impacto medioambiental. De hecho, un reciente estudio publicado en la revista Nature, elaborado por científicos del IPCC y la FAO, estima que el 19% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero está provocado por la ganadería que, por ejemplo, fue responsable en 2019 de la emisión de 69,4 millones de toneladas de CO2 en España. Alrededor del 20% del efecto invernadero se debe al metano, generado en estas explotaciones en enormes cantidades.

Para PACMA, los emplazamientos también son inadecuados dado que se encuentran en zonas vulnerables por nitratos: «extremo que, de inicio, debería comportar la denegación de los proyectos por el gravísimo riesgo de contaminación. Autorizar esta actividad contribuiría a incrementar el problema ya existente en la zona».

A esto se suma la ingente cantidad de estiércol. PACMA explica que en los proyectos se prevén sistemas de gestión «altamente contaminantes y perjudiciales«, pues se remiten a la comercialización del sólido sin concretar, omitiendo la aportación de cualquier estudio o método con mejores técnicas disponibles. Además, adolecen de «falta de concreción necesaria para poder evaluarlo». «No basta con informar de que se va a realizar una correcta gestión; es necesario fundamentarla», sostienen.

Problemas de salud para los vecinos

Atendiendo a datos oficiales, de media, en toda España, la contaminación por nitratos ha aumentado un 51,5% en sólo cuatro años (desde 2016 hasta 2019) a pesar de la existencia de las Zonas Vulnerables por Nitratos, como es el caso de los emplazamientos proyectados, «lo que muestra su ineficacia en el control de la contaminación», aseguran.

Según el informe del Partido Animalista, el control de la contaminación de aguas subterráneas por nitratos está siendo menos controlado en los territorios más despoblados, que son precisamente los que se están saturando de macrogranjas para eludir los controles. Esta contaminación no sólo afecta las reservas del futuro, más importantes aún en un escenario de cambio climático y escasez de agua, sino a los ecosistemas naturales y al propio abastecimiento humano actual: «muchos son los pueblos de España que ya se están quedando sin agua potable debido a esta contaminación», apunta García.

Las aguas contaminadas por encima de 50 mg/l no son aptas para el consumo humano, dado que pueden producir graves consecuencias para la salud, sobre todo en determinados grupos de riesgo, como son los lactantes o mujeres embarazadas, ya que los nitratos favorecen la transformación de la hemoglobina de la sangre.

Por otro lado, PACMA apunta que algunos autores vinculan el exceso de nitratos en la dieta de personas adultas, hace que este se transforme en nitritos y éstos a su vez, en nitrosaminas que son sustancias con efecto cancerígeno.

Téngase en cuenta que Castilla y León fue la tercera Comunidad Autónoma española que mayor contribución tuvo al cambio climático mediante la ganadería, con la emisión de 7,3 millones de toneladas de CO2, lo que supuso un 10,5% de las emisiones totales.

El Partido Animalista apunta que estas factorías proyectan una emisión aproximada de 90.000 kilos anuales de metano. Además del problema medioambiental, esto supone la afección a la salud y bienestar de los vecinos: «existen riesgos para la salud humana debidos a la contaminación del agua y del aire. No sólo los causados por la no potabilidad del agua, sino que, en concreto, podría verse afectada la función pulmonar, la resistencia a antibióticos y otras enfermedades en poblaciones más cercanas, especialmente los individuos más vulnerables».

Además, las factorías de cerdos, como las proyectadas, consumen cantidades abrumadoras de agua: «si atendemos a los proyectos, anualmente se consumirán 19.583 metros cúbicos, lo que equivaldría al consumo de agua anual de una población de 500 personas por cada granja».