El Gobierno interviene los precios en las Farmacias, ¿Por qué no ocurre esto en el sector energético?

El Gobierno sigue asfixiando a uno de los motores fundamentales dentro del sistema sanitario y de nuestro día a día como son las farmacias. El sector farmacéutico ha sido acusado injustamente de estafar a los ciudadanos a lo largo de la pandemia con productos como los geles hidroalcohólicos, las mascarillas, y ahora esto ocurre con los test de antígenos de autodiagnóstico. Es necesario conocer que la mayoría de los precios fijados en las farmacias eran consecuencia del precio fijado por los distribuidores, los cuales habrían incrementado los costes debido a la alta demanda y la falta de oferta, repercutiéndose así de forma indirecta al consumidor final.

Los farmacéuticos son los profesionales de la salud más cercanos a nuestros hogares, sin embargo, los mandatarios políticos no reconocen el papel de este sector, que durante la pandemia ha estado en primera línea, y sin armas, apoyando a la sociedad, puesto que además de dispensar fármacos y encontrar cualquier producto o servicio necesario para el cuidado de la salud, suelen detectar necesidades sanitarias, asesorar, aconsejar o recomendar una visita médica. En cualquier caso queda demostrado que su papel es crucial dentro de nuestra sociedad.

Con la reciente intervención de precios a los test de antígenos de autodiagnóstico, las oficinas de farmacia sufrirán un detrimento económico bastante notable, dado que, como referíamos anteriormente los precios aplicados eran acordes a los fijados por los proveedores y en la mayoría de los casos los farmacéuticos han comprado los test a un precio superior al impuesto para su venta por el Gobierno. Esta medida ha supuesto el malestar dentro del colectivo farmacéutico ya que en ningún momento se les ha consultado dicha medida perjudicándoles directamente. 

¿Se ha preguntado el Gobierno que ocurriría si las Farmacias dejasen de suministrar medicamentos a las personas? Ello no ocurrirá porque por encima del dinero, que tristemente es lo que mueve en la mayoría de los casos a los políticos, el farmacéutico tiene prioridad por velar por la salud de la gente, y como es sabido muchas farmacias han vendido productos al mismo precio que les ha costado sin obtener beneficio alguno para dar servicio a cualquier persona en estos momentos tan duros como los que nos encontramos, es más muchas de las oficinas de farmacia han donado los beneficios recaudados con la venta de productos de prevención contra el virus a organizaciones sin ánimo de lucro. 

En cambio la respuesta recibida por parte del Gobierno a todos estos esfuerzos son las constantes bajadas del margen de beneficios del precio de los medicamentos, lo que implica que muchas farmacias pierdan dinero y se vean obligados a prescindir de personal, y muchas otras como el caso de las farmacias rurales vean incluso comprometida su existencia, especialmente en Castilla y León y en la denominada “España Vaciada”.

Desde el ámbito farmacéutico la pregunta es clara, si tan fácil es intervenir los precios por qué no se intervienen los precios en el sector de la electricidad o el gas, por ejemplo. Existen ciertas creencias al respecto…quizás el tema de las puertas giratorias se vea aquí más claramente y desde el mundo de los políticos sea necesario ya no bajar sino incrementar los precios dentro del sector energético para que se puedan mantener los grandes sueldos de los que gozan los directivos y consejeros de estas empresas. En esos casos no parece que les preocupe que los ciudadanos tengan que pagar elevados precios en servicios de primera necesidad, pero sí se permiten el lujo de destrozar los beneficios de las farmacias en productos como los test de detección, los cuales cabe destacar que en muchos países europeos son suministrados de forma gratuita a la población vacunada.

Quizás los precios no son intervenidos en el sector eléctrico, porque sería inviable mantener los sueldos de por ejemplo, una de las últimas incorporaciones, la del socialista Antonio Miguel Carmona que asume la vicepresidencia de Iberdrola España. Un firme defensor de los más vulnerables durante sus intervenciones pero que al parecer olvidó las necesidades de los mismos al asumir este nuevo cargo por el que se podría embolsar alrededor del medio millón de euros. En Enagás, la exministra del PP Ana Palacio recibiría 190.000 euros; Isabel Tocino, también exministra con José María Aznar, 175.000 euros. Hay muchos nombres pero estos son algunos de ellos.

La cara amarga de esta crítica viene al conocer casos reales de personas vulnerables, como una mujer de 89 años que se encuentra conectada al oxígeno 24 horas al día, en su casa tiene calefacción eléctrica, y recibe facturas de entre 800 – 1.000 euros mensuales. La pensión que percibe es la de viudedad y no le llega para pagar ni siquiera los gastos de la luz por lo que se ha visto obligada a pedir ayuda a sus hijos ya que el bono social que el Gobierno da es ridículo para asumir tales gastos.

Esta situación es una de las muchas que hay en la sociedad en el día a día y las medidas son claramente insuficientes. El test de antígenos no es algo vital en el día a día, pero la electricidad y el gas SÍ. Viendo la última medida adoptada por el Gobierno contra el sector farmacéutico y la facilidad para llevarla a cabo, la sociedad debe pedir intervención de los precios de los servicios básicos, como electricidad y gas, YA.