UGT Castilla y León denuncia la brecha laboral de las mujeres de la Comunidad: 38 días de trabajo gratis desde el 24 de noviembre
La responsable de Políticas Sociales e Igualdad insta a las empresas a cumplir con los reales decretos de igualdad retributiva y auditorías salariales.
UGT Castilla y León denunció hoy que las mujeres de la Comunidad empezarán a trabajar gratis este año a partir del 24 de noviembre, 38 días, dato de 2019, ya que la brecha laboral es del 21,3 por ciento, lo que supone un descenso de 1,6 puntos respecto a la del año anterior, que se traduce en una percepción de 5.251,68 euros/año menos que los trabajadores.
SECTORES Y EDADES
Según detalla el sindicato en nota de prensa, la brecha salarial en Castilla y León es ligeramente superior en el sector servicios, lo que se explicaría, en su opinión, la mayor presencia de mujeres en este ámbito.
En cuanto a la brecha por grupos de edad, la mayor diferencia se observa en el tramo de edad de entre 35 a 44 años (26,63 por ciento) y se reduce entre los 45 y 54 (19,78 por ciento) para aumentar de nuevo en la franja a partir de los 55 años (20 por ciento).
La secretaria de Políticas Sociales e Igualdad de UGT Castilla y León, Victoria Zumalacárregui, advierte de que “estos datos estadísticos son prepandemia, por lo que esta desigualdad puede verse agravada como consecuencia de la COVID y debemos dirigir nuestros esfuerzos a evitarlo”.
Precisamente, la mayor parte de las plantillas que han desempeñado trabajos esenciales y de primera línea están integradas mayoritariamente por mujeres, demostrando que son esenciales para las empresas, para la sociedad y para la economía.
Por eso, desde la organización sindical, consideran imprescindible una reevaluación sistemática de su remuneración para que su verdadera contribución se valore y se pague adecuadamente.
La responsable de Políticas Sociales e Igualdad de UGTCyL insta a las empresas en “su compromiso e implicación” en la puesta en marcha de los reales decretos sobre igualdad retributiva, a la hora de hacer efectiva la obligatoriedad para todas las empresas de disponer de un registro salarial, así como la realización de auditorías salariales que permitan detectar y corregir las situaciones de discriminación retributiva en el trabajo.