Las cuentas de la Comunidad de 2022 prestarán un “importante apoyo al reto demográfico” con el foco sobre la actividad económica y la ocupación en el medio rural
El Ejecutivo autonómico quiere acordar una nueva financiación autonómica y apuesta por la contención del déficit público.
Los Presupuestos de Castilla y León para 2022 dirigirán los fondos a fortalecer los servicios públicos y a la recuperación económica tras la COVID con un “importante apoyo al reto demográfico y un avance en la lucha contra la despoblación, en línea con el objetivo general de promover la cohesión económica, social y territorial, priorizando generar nueva actividad económica y más ocupación en el medio rural”.
La Consejería de Economía y Hacienda publica hoy en el BOCyL, la Orden por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad para el año 2022 y establece los criterios de presupuestación, su ámbito institucional, la estructura de los ingresos y gastos que lo componen, así como las comisiones participantes en el proceso de elaboración. Asimismo, la orden relaciona la documentación requerida y sus plazos de cumplimentación.
La Junta quiere acordar una nueva financiación autonómica que atienda al coste real de los servicios públicos, considerando “adecuadamente” la extensión territorial y la dispersión de la población, así como el envejecimiento y la baja densidad demográfica. Asimismo, defiende que hay que asegurar una política sostenible y responsable en materia de endeudamiento y de contención del déficit público.
La asignación de recursos disponibles entre los distintos programas de gasto tendrá como líneas fundamentales el desarrollar una política fiscal que fomente la inversión y el emprendimiento, que apoye a las familias, a los jóvenes y al mundo rural y a crear oportunidades de futuro tras la pandemia.
La Junta quiere impulsar también una política económica que mejore la competitividad y la creación de empleo que impulse la modernización de la Comunidad y consolidar una política presupuestaria con “vocación de liderazgo en la calidad y nivel de prestación de los servicios públicos, asegurando estos servicios en el medio rural profundizando en la conciliación y la corresponsabilidad y en la reducción de las desigualdades”.
El documento se alinea con las recomendaciones de la Unión Europea en el marco de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, y afirma que el reto es impulsar un nuevo desarrollo económico, social y territorial, y seguir avanzando en la transformación a medio y largo plazo que Castilla y León precisa; “aprovechando la oportunidad, el empuje y efecto multiplicador que pueden suponer los nuevos fondos europeos”. En este sentido, el Ejecutivo irá implementando progresivamente las 189 iniciativas que forman la hoja de ruta 2020-2023 de la acción de gobierno.
La orden apunta a presentar iniciativas en los programas europeos que contribuyan a la realización en las zonas rurales de los cambios estructurales necesarios en consonancia con el Pacto Verde Europeo, y con el condicionante de los mayores costes de la prestación de los servicios públicos en territorios con elevada dispersión, superficie y envejecimiento.
El texto, recogido por Ical, quiere invertir en empleo y talento para una economía digital y sostenible y transformar el medio rural desde la transición ecológica, la digitalización y la innovación. Asimismo, apuesta por fortalecer y modernizar el sistema sanitario público en garantía de la salud; y mejorar el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos desde el compromiso con las entidades locales.
Las cuentas se enfocarán asimismo a apoyar la inversión y transformar la economía desde los sectores y tecnologías claves, priorizando un ecosistema de innovación digital y la ciberseguridad; así como a activar la transición a una economía circular desde la sostenibilidad impulsando el ahorro y la eficiencia energética.
Salvaguardar las infraestructuras con un desarrollo armonioso con el entorno; desarrollar el conocimiento a través de una educación de calidad; actuar para un mejor aprovechamiento social y económico de los recursos culturales y naturales; y fortalecer la igualdad, la inclusión y la protección social, apoyando el bienestar y el desarrollo personal de los más vulnerables son otros ejes básicos de actuación presupuestaria.
PLAZOS
En cuanto a los plazos, los secretarios generales de las consejerías remitirán a la Dirección General de Presupuestos y Estadística las propuestas al articulado del anteproyecto de ley con fecha máxima el 30 de julio de 2021. Asimismo, las propuestas sobre creación, supresión o modificación de programas y subprogramas se podrán enviar hasta el 2 de julio de 2021.
En cuanto a las partidas del estado de gastos; las variaciones que experimentan los capítulos; los proyectos que integran cada subprograma; los componentes de cada proyecto de inversión financiera; y las operaciones cofinanciadas con el Programa Operativo FEDER de Castilla y León 2014-2020 se podrán dirigir hasta el 23 de julio.
La previsión de los ingresos que deberán ser estimados por los correspondientes centros gestores del gasto o por determinados órganos directivos de la propia Consejería de Economía y Hacienda, las estimaciones se referirán al periodo 2021-2024, con fecha máxima de cumplimentación el 25 de junio de 2021.
Las líneas de actuación principales que orientarán la gestión durante el 2022 y, en su caso, en ejercicios siguientes, así como las metas y los programas presupuestarios relativos a cada línea, para cada sección presupuestaria y para los programas podrán cerrar hasta el 30 de julio.