El plan de 11.000 millones se frenó para decidir la gestión de las ayudas a través de las autonomías o la administración central

Más de la mitad de los 11.000 millones irán a ayudas directas a las empresas en dificultades por la caída del negocio con las restricciones aplicadas.

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Cierre negocio



El plan de 11.000 millones de euros se frenó e irá a un Consejo de Ministros extraordinario el próximo viernes -estaba previsto para el de ayer- para acabar de decidir si la distribución de los recursos los gestionaba la administración central o las comunidades autónomas. Así lo indicaron a Servimedia fuentes del Gobierno, que confirmaron, además, que “por encima de la mitad de los 11.000 millones” irán a ayudas directas a las empresas en dificultades por la caída del negocio con las restricciones aplicadas para evitar contagios por la pandemia del COVID-19.


TRES EJES

El plan que aprobará el Consejo de Ministros el viernes en una reunión extraordinaria pivotará sobre tres ejes o fondos: ayudas directas, reestructuraciones de deuda vinculada a créditos del ICO y en colaboración con la banca, y un soporte a la solvencia de empresas medianas y pequeñas, con potenciales recapitalizaciones, al estilo del fondo de 10.000 millones de euros de rescate de la SEPI puesto en marcha para compañías grandes y estratégicas.


Desde un principio se ha barajado que las ayudas directas las inyectasen las comunidades autónomas y ayuntamientos, al ser las mejor situadas para ver cuáles son las consecuencias de las decisiones que ellos toman de restricción de actividad. La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, incluso apuntó que podrían “compensar una parte de los costes fijos de las empresas”.


160.000 MILLONES DE EUROS CON EL FONDO COVID-19

Para hacer frente a esas medidas, el Gobierno ha recordado que transfirió a las regiones 16.000 millones de euros con el fondo Covid-19 y también tienen los 8.000 millones del fondo europeo REACT-UE, del que las propias comunidades autónomas han decidido destinar un 25 por ciento o 2.000 millones de euros a ayudas para empresas y autónomos.


Desde Unidas Podemos y la Secretaría de Estado de Derechos Sociales se pidió que vaya a ayudas directas 8.000 de los 11.000 millones previstos en el plan para cualquier empresa que acredite caídas de ingresos mínimos del 30-40 por ciento y que no se trasfieran a través de las comunidades autónomas para garantizar criterios homogéneos en todo el territorio.