El Gobierno presenta hoy los Presupuestos con una subida de impuestos y el aumento del salario de los funcionarios y las pensiones

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentará este miércoles en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 que aprobó ayer el Consejo de Ministros, tras el acuerdo alcanzado por los equipos negociadores de PSOE y Unidas Podemos.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrada ayer, Montero afirmó: "Si traemos el Presupuesto es porque entendemos que tiene apoyo suficiente para ver la luz”, por lo que el Gobierno da por hecho que contará con los apoyos necesarios para una aprobación definitiva que se espera que llegue en enero.

Ingresos

Por el lado de los ingresos, los Presupuestos contemplan una mejora de los ingresos públicos del 14,7 por ciento en 2021, gracias a la mejora del ciclo económico y la previsión de crecimiento del PIB del 9,8 por ciento con el impulso de los fondos europeos. Sobre el conjunto de las medidas de ingresos incluidas en los PGE, la previsión de Hacienda es que tengan un impacto de 1.862 millones en 2021 y de 2.135 millones en 2022, que se suman a los 4.223 millones que Hacienda calcula que aportarán todas las medidas tramitadas al margen de los PGE.

En concreto, el proyecto de PGE de 2021 incluye subidas impositivas a las rentas altas mediante un aumento de tres puntos en el IRPF de las rentas de capital superiores a 200.000 euros anuales y un incremento de dos puntos en el IRPF de las rentas del trabajo de más de 300.000 euros anuales. El objetivo de estas medidas es dotar de mayor progresividad a este impuesto, según declaró Montero, que subrayó que estos cambios en el IRPF afectarán a 39.194 contribuyentes, el 0,17 por ciento del total, con un impacto de 491,4 millones de euros adicionales en la recaudación (144 en 2021 y 346 en 2022).

En la misma línea, el Ejecutivo plantea establecer la vigencia del Impuesto de Patrimonio de manera indefinida, ya que hasta ahora era necesario prorrogar su vigencia año a año, y eleva en un punto el tipo aplicable a partir de los 10 millones de euros de patrimonio, pasando del 2,5 por ciento al 3,5 por ciento. Sobre este impuesto, además, el objetivo es que tanto la reforma del sistema de financiación autonómica como el grupo de expertos que se creará para revisar el sistema fiscal trabajen en su armonización entre las distintas comunidades para evitar el ‘dumping fiscal’.

Además, en línea con las recomendaciones realizadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), se reducen las exenciones fiscales a los planes de pensiones individuales al rebajar a 2.000 euros el límite de aportaciones máximas, mientras que se aumenta la de los planes de empresa al aumentar de 8.000 euros a 10.000 euros el límite conjunto de reducción, en línea con la recomendación del Pacto de Toledo.

En lo que respecta al Impuesto de Sociedades, se limita al 95 por ciento la exención sobre dividendos y plusvalías en filiales, mientras que a las empresas de menos de 40 millones de facturación interior anual se les seguirá aplicando la exención del 100 por ciento durante tres años. El Ejecutivo estima que esta medida afectará a 1.739 empresas, el 0,12 por ciento del total, y que tendrá un impacto recaudatorio de 1.520 millones de euros (473 en 2021 y 1.047 en 2022). Sobre este impuesto, Montero explicó que la intención es que el grupo de expertos que estudiará la reforma tributaria ofrezca soluciones para reducir la diferencia entre el tipo efectivo y el tipo nominal.

En cuanto a la fiscalidad verde, se acerca la tributación del diésel a la de la gasolina, al reducir la bonificación hasta 38 euros por cada 1.000 litros y aumentar el tipo estatal de 30,7 a 34,5 céntimos por litro, acercándose a los 40,07 céntimos por litro de gasolina, aunque se mantendrá la tributación y bonificación del gasóleo profesional. Hacienda calcula que esta medida supondrá un coste de 3,45 euros más al mes para un consumidor medio y 500 millones de euros adicionales en la recaudación (450 en 2021 y 50 en 2022).

Por último, los Presupuestos incluyen la revisión del impuesto a las primas de seguro, sin modificaciones desde 1998, incrementando el gravamen del 6 por ciento al 8 por ciento, de forma, resaltó la ministra, que seguirá “muy por debajo de la media europea y sensiblemente de países como Alemania (19 por ciento), Reino Unido (12 por ciento) o Italia (entre el 12,5 por ciento y el 21,5 por ciento).

Estas medidas se suman a las que el Gobierno ya había anunciado previamente en el Plan Presupuestario que remitió a la Comisión Europea el pasado 15 de octubre y cuya tramitación ha sido o es al margen de los PGE, como el impuesto a las transacciones financieras, conocido como tasa Tobin; el impuesto sobre determinados servicios digitales, tasa Google; el impuesto sobre envases de plástico de un solo uso; el impuesto sobre residuos; la subida del IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10 por ciento actual al tipo general del 21 por ciento; y la Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude.

Gasto social

Para la elaboración de estas cuentas públicas, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 6 de octubre un incremento del 53,7 por ciento en el límite de gasto no financiero, el conocido como ‘techo de gasto’, hasta los 196.097 millones de euros, gracias a la suspensión de las reglas fiscales que permiten la Comisión Europea, la Constitución y la Ley de Estabilidad en caso de situación extraordinaria, como la vivida por el coronavirus. Sin embargo, ayer Montero indicó que dicho límite es sólo una referencia y que no es necesario alcanzarlo, de forma que el proyecto de Presupuestos contempla un gasto no financiero 1.639 millones de euros por debajo de dicho límite, por lo que se situará en 194.456 millones de euros.

Según el cuadro macroeconómico del Gobierno, la estimación es que el déficit público cierre 2020 en el 11,3 por ciento y que en 2021 baje al 7,7 por ciento. De esta cantidad, la estimación del Ejecutivo es que el próximo año el déficit de la administración central sea del 2,4 por ciento, el de las comunidades autónomas se sitúe en el 2,2 por ciento, el de la Seguridad Social en el 3 por ciento, y el de las corporaciones locales sea del 0,1 por ciento. Sin embargo, la intención del Gobierno es asumir mediante transferencias la mitad del déficit de las comunidades autónomas y de la Seguridad Social, por lo que el déficit de la administración central sería del 5,2 por ciento, mientras que el de las autonomías quedaría reducido al 1,1 por ciento y el de la Seguridad Social al 1,3 por ciento.

Por el lado del gasto, Montero destacó que los Presupuestos de 2021 supondrán “el mayor gasto social de la historia”, con 239.765 millones de euros, un 10,3 por ciento más. Si no se tienen en cuenta los fondos europeos, el gasto social también crece un 6,2 por ciento.

La mayor partida de gasto será la de pensiones, que, al revalorizarse en un 0,9 por ciento, en línea con la previsión de IPC, supondrán un gasto de 163.297 millones de euros, un 3,2 por ciento más que el Presupuesto homogéneo de 2020. Además, se incrementan en un 1,8 por ciento las pensiones no contributivas, mientras que el sueldo de los empleados públicos aumentará un 0,9 por ciento.

La ministra también resaltó el “gasto sin precedentes” en Sanidad, al incrementarlo en 3.149 millones, un 75,3 por ciento más, hasta los 7.330 millones, incluyendo los fondos comunitarios. En este ámbito, el Ministerio de Sanidad destinará 2.436 millones del fondo React EU a la compra de vacunas y reforzar la atención primaria.

Para Educación, los Presupuestos incrementarán su financiación un 70,2 por ciento, con 2.017 millones más. Excluyendo los fondos europeos, el incremento sería del 7,5 por ciento. En este sector, Montero subrayó que la partida de becas tendrá la mayor cuantía de la historia, al alcanzar los 2.090 millones de euros, lo que supone un aumento de 514 millones. Además, se incluyen recursos para ampliar la educación infantil de 0 a 3 años en colaboración con las comunidades autónomas y se dota de 1.500 años en cuatro años al Plan de Modernización de la Formación Profesional.

Por otra parte, la partida para el desempleo se incrementa en 4.191 millones de euros, un 20,1 por ciento más; se incrementa en un 5 por ciento el Iprem, indicador de referencia para recibir diversas ayudas, subsidios y subvenciones; y se destinarán más de 2.250 millones para políticas que promueven el alquiler asequible, la construcción y rehabilitación de viviendas, un 25 por ciento más.

En cuanto a las políticas destinadas a los Servicios Sociales, su financiación se incrementa en 2.147 millones, lo que supone un 70,3 por ciento más (un 32,1 por ciento sin contar los fondos comunitarios). En concreto, la dependencia recibirá un aumento de financiación del 34,4 por ciento, mientras que 3.017 millones de euros se destinarán al Ingreso Mínimo Vital (IMV) y los recursos contra la pobreza infantil y la protección de las familias más vulnerables se incrementan en 60 millones, lo que implica un aumento del 59 por ciento.

I+D+i e infraestructuras

Con el objetivo de promover el cambio de modelo productivo, las partidas destinadas a la investigación civil alcanzarán los 11.483 millones, lo que supone un aumento de 5.106 millones de euros, un 80,1 por ciento más. En esta estrategia se enmarca el programa de gasto en investigación y desarrollo tecnológico-industrial, con un aumento de 445 millones. Además, para la digitalización se contemplan 256 millones para financiar la Estrategia de Impulso al despliegue de 5G.

La defensa del medio ambiente y el impulso a una economía circular tiene su impronta en los Presupuestos con un aumento de 5.690 millones de euros en las políticas de industria y energía, cuyo objetivo es promover un modelo productivo más sostenible y descarbonizado.

Por último, la política de infraestructuras aumentará su dotación en 6.161 millones, un 114,8 por ciento (un 27,3 por ciento si se excluyen los fondos comunitarios); mientras que se aumentará en 1.338 millones las partidas para el turismo, el comercio y las pymes.