El personal sanitario de Sacyl atendió a una mujer de 35 años y un varón de 29 años, inquilino de la vivienda afectada, que más tarde fueron evacuados al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.
El partido señala que se está contratando a profesionales sin la formación adecuada en Medicina Familiar y Comunitaria para realizar esta atención "sin supervisión y durante más de los 12 meses permitidos".
Casi un 80% de los profesionales de esta especialidad considera que el ambiente laboral ha empeorado, según una encuesta de SATSE.
La Sociedad de Medicina de Familia exige a la Consejería acción "tras más de seis meses de inactividad en la reorganización del sistema".
La resolución responde a la cuestión prejudicial planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL en Valladolid.
"La Gerencia Regional de Salud debe garantizar que los profesionales estables de Sacyl puedan disfrutar de sus permisos vacacionales, mejorando las condiciones laborales de las personas con contratos eventuales", defiende el sindicato de Enfermería.
Denuncian que no se están cumpliendo los compromisos realizados para que el sistema público cuente con los recursos necesarios para ofrecer una atención digna.
El sindicato demanda la actualización de las indemnizaciones por kilometraje, con un incremento del 30%.
El recorte fue nacional por la crisis de hace diez año, pero el Estado permitió reducir las 37 horas hace más de tres años.
AMEACyL reclama a la Consejería de Sanidad nuevas soluciones para garantizar la atención permanente en los centros de salud.
El incidente tuvo lugar sobre las ocho horas y los efectivos del Parque de Bomberos accedieron a la vivienda -situada en la tercera planta- por una ventana exterior para facilitar la entrada de los profesionales sanitarios.
A los ciudadanos les reclama más concienciación y responsabilidad.
La Consejería de Sanidad deberá indemnizar con 40.902 euros a los hijos de la víctima.
Pasó un año sin ser sometida a un PET-TAC desde la realización del TAC que informaba de la presencia de un nódulo sospechoso.
Una mujer de 27 años se sometió a en cinco intervenciones quirúrgicas entre 2011 y 2017, hasta el punto que se le reconoció la discapacidad en 2018.
A la realización de estas pruebas están convocados 554 aspirantes admitidos, que pugnarán por 144 plazas
El anteproyecto de ley LGTBI prohíbe las terapias de aversión o de conversión de las manifestaciones de orientación sexual o identidad de género.
Cada profesional contará con un código de acreditación correspondiente.