Gobierno y Generalitat negocian este lunes la financiación singular de Cataluña

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, recibirá este lunes al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y al secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, para negociar la financiación singular de Cataluña "con importantes flecos sobre el control y la gestión" de la recaudación aún por pactar, según apuntaron fuentes conocedoras a Servimedia.

Illa recibirá este lunes a Torres y a Gascón para, posteriormente, sentarse junto al consejero de Presidencia y de Economía, Albert Dalmau, en una comisión bilateral entre las dos administraciones para afrontar la financiación singular para Cataluña, un "reto", como algunos desde el Gobierno lo denominan, que corre de la mano de ERC, ya que se trata de una propuesta de modelo pactada hace prácticamente un año por el PSC y ERC a cambio del 'sí' de los republicanos a la investidura del actual presidente de la Generalitat.

Fuentes conocedoras de estas negociaciones sostienen a Servimedia que durante el fin de semana se han mantenido contactos para avanzar en las negociaciones y poder cerrar el pacto en la reunión de este lunes. Así, insistieron en que quedan "importantes flecos sobre el control y la gestión" de la recaudación por pactar y, por ello, desde ambos ejecutivos se mantienen "prudentes".

Desde ERC llevan meses presionando para que se acuerde este asunto porque el compromiso que se firmó para la investidura de Illa decía que se tenía que cumplir para el ejercicio de 2026, es decir, la gestión del IRPF ya tendría que pasar a Cataluña. Aunque el plazo para negociar concluía el 30 de junio, las partes antes citadas y ERC decidieron extenderlo dos semanas más ante la tormenta desatada por los casos de corrupción que afectan a los dos últimos secretarios de Organización del PSOE.

Uno de los puntos que viene incluido en el acuerdo con el PSC y que los republicanos reivindican con ahínco es que se respete el principio de ordinalidad, por el cual Cataluña no deberá recibir menos dinero por habitante que otras comunidades que hayan inyectado menos dinero a la caja común. Se trata de una reivindicación histórica porque, según los republicanos, Cataluña es una de las regiones que recibe menos de lo que aporta.

Fuentes del Ejecutivo aseguran que la financiación singular en su conjunto es un tema de "extremada complejidad" y será difícil que todos los detalles se cierren el mismo lunes, por lo que se espera que se cierre un acuerdo político que enmarque la negociación para la proposición de ley que lo desarrolle después.

Asimismo, señalan que estos cambios que se realicen requerirán de modificaciones normativas de calado, pues supone una profunda modificación del sistema por el que el Estado transfiere a las comunidades autónomas los ingresos que recauda. El modelo, según defienden fuentes gubernamentales, abre la puerta a que otras comunidades que lo soliciten adopten también este sistema, algo con lo que atraer a formaciones que tras los escándalos de corrupción en el PSOE no estarían muy contentos, como Compromís, que están en contra de este modelo para Cataluña si no hay contrapartidas para la Comunidad Valenciana.

Por otro lado, la oposición y también algunas autonomías gobernadas por el PSOE continúan con las críticas asegurando que este pacto podría "romper" seriamente la Constitución. Así, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, calificó este asunto como un "despropósito" e insistió en que se trata de dar a Cataluña "un privilegio" que está fuera de la Constitución "porque sólo la Constitución tendría que amparar las excepciones como pasa con el tema vasco y navarro".

Añadió que el independentismo "quiere cargarse la Constitución" y aseguró que "levantamos la voz los que estamos afectados, pero espero que todos nos sintamos obligados". "Me duele que este planteamiento reaccionario lo plantee la izquierda, aunque para muchos también con el concepto de la izquierda se mercadea", aseguró.

Fuentes del entorno del castellanomanchego recordaron que solo para transferir la gestión y recaudación del IRPF y otros tipos impositivos habrá que modificar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), algo que, "a la vista de la aritmética parlamentaria, podría poner a prueba los apoyos con los que cuenta el presidente del Gobierno".

El pasado viernes, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, salió al paso de las críticas y recalcó que el Gobierno “jamás va a promover ningún acuerdo ni ninguna política que suponga un agravio territorial con otras comunidades autónomas”.

Al contrario, la titular de Hacienda defendió que el Ejecutivo “promueve una igualdad de oportunidades para todos los territorios” y estos son libres de “profundizar en mayores competencias” o de “seguir a remolque”.

Además, pidió a los críticos con la financiación singular que se esperen a conocer el texto del acuerdo con la Generalitat antes de “demonizarlo”. A su juicio, el rechazo que esto suscita en el PP se debe a que sus dirigentes “no creen en el Estado de las autonomías ni creen en el Estado del bienestar”.

Pese a ello, Montero garantizó que el Gobierno seguirá trabajando para “federalizar más” las competencias en gestión tributaria y Hacienda Pública, y lo hará “por igual” en todas las comunidades autónomas que quieran desarrollar sus propios estatutos de autonomía.