Zamora incluida en el plan del CGPJ para crear 509 nuevas unidades judiciales en España
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó hoy una propuesta priorizada de necesidades de incremento de la planta judicial en la que cifra en 509 nuevas unidades judiciales las que se consideran imprescindibles para agilizar la actividad de Juzgados y Tribunales y adecuar la planta a la litigiosidad existente, de las que trece corresponden a Castilla y León.
Además de la constitución de una Sección Mercantil en el Tribunal de Instancia de León integrada por una plaza judicial, creada por la transformación del Juzgado de Primera Instancia número 8 de León, el resto de las peticiones afectan a los tribunales de Instancia de Burgos, Salamanca, Valladolid -donde se solicitan dos plazas-, León, Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Ávila, Palencia, Segovia, Soria y Zamora. De todas, se consideran prioritarias las plazas de Aranda, Miranda y una de Valladolid.
La relación ha sido elaborada en cumplimiento del acuerdo adoptado por el Pleno en su sesión del pasado 21 de mayo, celebrada en Cáceres, cuando se aprobó confeccionar una propuesta priorizada de necesidades de incremento de la planta judicial ante las modificaciones en la organización de juzgados y tribunales que introduce la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Para la elaboración de la propuesta, que será enviada al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para su toma en consideración de cara a la programación del desarrollo de la planta judicial en 2025, se han tenido en cuenta los informes remitidos por la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia, así como el que a la vista de ellos ha realizado posteriormente el Servicio de Inspección del órgano de gobierno de los jueces.
La propuesta señala que, de las 509 nuevas unidades consideradas imprescindibles, 40 deben ser plazas de jueces de adscripción territorial y que la creación de 195 de ellas, tres en el caso de Castilla y León, tiene carácter prioritario.