Cinco de las siete asociaciones de jueces y fiscales han convocado una concentración en Madrid el sábado 28 de junio contra las reformas de la carrera judicial y fiscal y, posteriormente, una huelga en la Justicia para los próximos 1, 2 y 3 julio en el caso de que estas reformas no se retiren.
El calendario de movilizaciones ha sido adoptado por las cinco asociaciones de jueces y fiscales, después de consultar a sus bases que mayoritariamente han apoyado dichas protestas. Consideran que son unas medidas legítimas, responsables y proporcionadas frente a unas reformas legislativas que comprometen gravemente los principios de independencia judicial, separación de poderes y autonomía del Ministerio Fiscal.
La concentración del próximo sábado, 28 de junio, a las 12.30 horas será frente al Tribunal Supremo, situado en la Plaza de las Salesas de Madrid. La convocatoria está abierta “a todos los operadores jurídicos y a la ciudadanía verdaderamente comprometida con la defensa de una justicia independiente y al servicio del interés general”.
“Se trata”, añaden, “de una concentración estrictamente institucional, al margen de cualquier adscripción o reivindicación partidista, que no se dirige contra el poder ejecutivo ni contra el legislativo, sino que tiene como único objetivo la defensa del Poder Judicial como pilar fundamental del Estado de Derecho”.
Las cinco asociaciones convocantes son: la Asociación Profesional de Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). En caso de que no se haya producido la retirada de los proyectos legislativos, se produciría una huelga de las carreras judicial y fiscal en toda España los días 1, 2 y 3 de julio.
Una vez concluidos estos tres primeros días de huelga, y en función de la respuesta institucional y del estado de tramitación de los proyectos legislativos, las asociaciones convocantes procederán a una revisión conjunta de la situación y valorarán, de forma coordinada, la continuación de la huelga. Esta evaluación se llevará a cabo atendiendo al respaldo de las respectivas bases, y con el objetivo de garantizar una respuesta unitaria, proporcionada y sostenida en defensa de los principios fundamentales del Estado de Derecho.
Las cinco asociaciones, que representan a la mayoría de la carrera judicial y fiscal, han acordado estas medidas tras el masivo seguimiento del paro en toda España del pasado 11 de junio y la firme respuesta de las carreras judicial y fiscal frente a las reformas legislativas actualmente en tramitación.