Según la sentencia, a la que tuvo acceso Ical, el magistrado considera probado que Fuentes participó en un proceso de licitación pública con el Ayuntamiento de Salamanca, del que acabó resultando adjudicatario, para lo cual, con el objeto de mejorar su puntuación en la baremación de méritos que estaba prevista en la convocatoria, elaboró “ex novo”, es decir falseó varios documentos.
Entre ellos, un recibo de pago de tasas para la expedición del título universitario de licenciado en Economía por la Universidad de Salamanca. Este documento estaba fechado a 8 de septiembre de 1997, contaba con la firma de la secretaria de la Facultad, y lo aportó, según la sentencia, como justificante de estar en posesión del citado título universitario.
Asimismo, modificó su expediente académico, creando un certificado de asignaturas en el que hizo constar la fecha de 1 de julio de 2005, y en el que figuran las firmas del secretario y del decano de la Facultad, En este documento, el exasesor municipal modificó varias de las calificaciones e hizo constar la superación de numerosas asignaturas que al día actual todavía no ha superado.
Ambos documentos “no reflejan la realidad”, según deja claro la sentencia, pues fueron creados por José María Fuentes después de la adjudicación del contrato del Ayuntamiento de Salamanca y ante el requerimiento de éste para aportar prueba de los méritos sin los cuales podría no ser contratado. Para ello el día 19 de junio de 2020, el ahora condenado por falsedad documental presentó estos impresos a compulsa por parte de la directora gerente de la Sociedad de Turismo, Comercio y Promoción Económica de Salamanca.
Fuentes fue entonces contratado por este organismo en calidad de ‘asesor externo, especializado en proyectos estratégicos y contacto de posibles inversores para internacionalización’, con actividad laboral desde el día 20 de julio de 2020 hasta el día 31 de diciembre de 2022. Durante ese tiempo, percibió por abono de nóminas, la cantidad total de 135.090 euros que el Ayuntamiento de Salamanca y la Sociedad de Turismo le reclamaban en este procedimiento, al considerarlo una estafa de la que, finalmente, resultó absuelto.