La Junta confía en que antes del 31 de julio el Gobierno reporte a la UE el informe sexenal sobre la evolución “favorable” del lobo

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio confió hoy en que antes del 31 de julio el Gobierno central reporte a la Unión Europea el informe sexenal sobre la evolución y estado de conservación “favorable” del lobo, una interpretación derivada del censo enviado por la Junta al Miteco en enero. Este paso es “necesario” para la recuperación de la gestión “normal” de la especie por parte del Ejecutivo autonómico, más si cabe tras el apoyo este jueves del Parlamento Europeo al cambio de estatuto jurídico, de ‘estrictamente protegido’ a ‘protegido’, para adaptar la Directiva Hábitat al Convenio de Berna. Este reporte, no en vano, debe aprobarse previamente en Conferencia Sectorial.

La Junta, según recogió Ical, espera que esta vez el Gobierno de España “escuche” a las comunidades con presencia de lobo y a los datos aportados del seguimiento de las poblacionales y de sus respectivos censos regionales realizados durante el sexenio 2019-2024, para que la evaluación del estado de conservación del lobo en España sea favorable, “como ya lo fue en el sexenio 2007-2012, con menos lobos y una menor área de distribución que en la situación actual”.

Sobre este reporte sexenal, el departamento dirigido por Juan Carlos Suárez-Quiñones recordó que “advertidos” el Ministerio y la Comisión por la Junta de Castilla y León y otros gobiernos autonómicos de los “errores” de ese informe de 2019, y a la vista del censo nacional que tiene que elaborarse en 2025 a partir de los enviados por las autonomías, “no parece posible otra decisión que la rectificación de esta situación en el nuevo informe sexenal, con lo que el lobo se tendría que considerar en un estado de conservación favorable”.

Por ello, la Junta, muestra su “satisfacción” por el apoyo del Parlamento al cambio de estatuto jurídico del lobo, que permite recuperar las competencias de gestión de la especie y se une a la posición de la Comunidad, gracias a los 371 votos a favor, 162 en contra y 37 abstenciones, y frente a la opción defendida por el Gobierno central.

De esta manera, tal y como reconoce la Comisión Europea, los estados miembros tendrán ahora una “mayor flexibilidad” en la gestión de sus poblaciones de lobos para mejorar la coexistencia con los seres humanos y minimizar el impacto del crecimiento de la población de lobos en la UE, que en España conlleva que la Junta recupera la capacidad de gestión de la especie que el Gobierno cercenó en el año 2021.

Salida del Lespre

Además, gracias a las enmiendas aprobadas en el Senado durante la tramitación de la Ley 1/2025, de 1 de abril, de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario –en concreto, gracias a la incorporación de la disposición transitoria única, adaptación a la normativa europea–, una vez que el Consejo de la UE realice la aprobación formal de la modificación del Directiva hoy apoyada por el Parlamento –y se publique la misma en el Diario Oficial– las poblaciones del lobo al Sur del Duero quedarán automáticamente excluidas del anexo IV de la Directiva (protección estricta) para incorporarse al anexo V, que permite una mayor flexibilidad y adopción de medidas de gestión de la especie.

Se trata de una “situación nueva y satisfactoria”, dado que desde el año 1992 la Junta “no podía gestionar la especie por disposición de dicha Directiva”. “Es una gran noticia para Castilla y León, para la propia conservación del lobo y va a favorecer que esa coexistencia que siempre ha buscado la Junta, entre su conservación y la preservación de la ganadería extensiva, se pueda producir”, indicó Suárez-Quiñones, en declaraciones recogidas por Ical.

Actuaciones planificadas

La Junta, atendiendo al nuevo censo y a la evolución de los ataques al ganado, planificará las actuaciones necesarias para reducir los daños sobre la ganadería. Para ello trabajará en incentivar las medidas preventivas sobre la especie, en la compensación “justa y rápida” a los ganaderos y también en el control de los ejemplares que, a pesar de las medidas preventivas tomadas, “sigan causando daños”, o bien en aquellas explotaciones donde “no sean viables las medidas preventivas conocidas”.

El Ejecutivo, señaló en un comunicado, “no busca que el lobo sea una especie cinegética convencional, sino que se puedan establecer controles sobre la misma que ayuden a reducir los daños y, por tanto, a recuperar el equilibrio entre conservación del lobo y de la ganadería”.

Por otro lado, las compensaciones por los daños seguirán siendo asumidas por la Administración, y para ello se contará tanto con el personal de la misma, agentes medioambientales, celadores y técnicos, como con los cazadores locales para facilitar la ejecución de las decisiones de reducción de daños. Con este apoyo del Parlamento Europeo se da un paso mas en el objetivo en el que la Junta ha estado trabajando en los últimos años, tanto en el ámbito europeo como en el estatal.

Suárez-Quiñones consideró que esta decisión “colma la lucha y todas las acciones” desarrolladas por la Junta en unión de otras comunidades autónomas que se han sumado a esa acción para pedir a UE “sensibilidad con la ganadería, con el medio rural y su población, una sensibilidad que no ha tenido el Gobierno de España y que ahora ve desautorizada su acción por el Parlamento Europeo y por la Unión Europea”. “Por tanto, un gran día para la ganadería y para Castilla y León”, concluyó.