Fue un asunto solicitado por la portavoz socialista, Patricia Gómez, y el portavoz del Mixto, Pablo Fernández, en la reunión de la Junta de Portavoces, quien también, junto con su compañero de bancada, Francisco Igea, pidieron transparencia y explicaciones sobre contratos menores.
“Estoy segura de que el uso es correcto por el presidente y miembros de la Mesa, pero hay que dejarlo blanco sobre negro”, argumentó Gómez, que pidió “luz y taquígrafos”, como recordó que ocurrió cuando al inició de la legislatura PP y Vox recortaron de 260 a 50 euros la indemnización a procuradores no liberados por desplazarse para consultar documentación para su labor parlamentaria.
La socialista pidió al presidente de las Cortes que haga público el informe que afirmó que existe desde el pasado 25 de marzo, mientras que también el portavoz popular, Ricardo Gavilanes, defendió el uso correcto de los vehículos oficiales por los miembros de la Mesa.
“No cabe la menor duda de que los miembros de la Mesa lo utilizan de forma transparente y escrupulosa”, anotó, para añadir que los representantes de su grupo en ese órgano presentan un documento de los viajes y su uso.
Incompatibilidades
Además, los dos representantes del Grupo Mixto informaron de que han pedido explicaciones al presidente de las Cortes, Carlos Pollán, sobre la utilización de fragmentar los contratos, ya que consideraron que, en algunos casos, “puede llegar a bordear la legalidad”.
Por su parte, Pablo Fernández manifestó la intención del presidente de las Cortes de plantear a los grupos la próxima semana el informe para regular el régimen de los procuradores con dedicación exclusiva, aunque lamentó que la propuesta no se extienda a la posibilidad de que los parlamentarios de Castilla y León puedan tener de manera general un sueldo por su trabajo.
“Es una anomalía bastante extraña”, calificó Pablo Fernández que las Cortes no hayan aprobado y sean el único parlamento autonómico en el que dos terceras partes de sus procuradores reciben dietas por la asistencia a las sesiones y solo están liberados los miembros de la Mesa y de las direcciones de los grupos.
Por último, Igea y Pablo Fernández calificaron de “varapalo” que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyl) haya declarado nula la orden de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, por la que se resolvió el concurso público para el otorgamiento de 138 licencias de radio.