CSIF alerta del riesgo de “colapso” de la “planificación” educativa ante los 243 puestos vacantes de personal no docente (17 en Zamora)

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) alerta del riesgo de “colapso” en la “planificación” de la educación pública de la Comunidad como consecuencia de los más de 240 puestos vacantes de personal no docente (técnicos, especialistas, administrativos y de servicios) existentes en los centros educativos de Castilla y León, de los que 122 hacen referencia personal laboral y 121 a funcionarios de administración, detallaron.

La actividad docente “no es posible sin el apoyo y el trabajo de otros muchos profesionales de las plantillas, de los que dependen la gestión, mantenimiento o limpieza de los centros, así como la atención específica a los alumnos de diversidad educativa”, aseguró la responsable del sector de Educación de CSIF Castilla y León, Isabel Madruga, quien dejó claro que esas vacantes “ponen en riesgo los resultados y la calidad de la educación”.

“No estamos ante un problema menor”, aseguró, dado que esta situación afecta al “funcionamiento diario de los centros”, por lo que alertó de la existencia de equipos directivos con "sobrecarga burocrática asumiendo funciones de los auxiliares administrativos y ordenanzas, alumnos sin atención terapéutica adecuada, docentes de centros de educación especial sin los apoyos y refuerzos imprescindibles de los ayudantes técnicos educativos o retrasos en el papeleo rutinario de los centros son algunas de las consecuencias de la falta de personal no docente", esgrimió.

Ante dicha problemática, el presidente del sector de la Administración Gene

ral de la Junta (AGCyL) de CSIF, Agustín Argulo, urgió a la Administración autonómica a cubrir esas plazas vacantes de profesionales no docentes que resultan "esenciales y básicas" para los centros educativos, cuyas contrataciones interinas" no se gestionan por la carencia de personal administrativo en las direcciones provinciales de Educación".

Señaló que otra de las causas de vincula con los “deficientes” sistemas de bolsas de empleo existentes para el personal laboral, que resultan "menos eficientes que las de los docentes". Indicó que, en algunos casos, como se ha detectado en León o Burgos, las intervenciones también “retrasan” la formalización de contratos, por lo que pidió a la Junta la aplicación de “criterios uniformes en todas las delegaciones territoriales provinciales”.

Soluciones compartidas

Argulo subrayó que la responsabilidad "de esta situación insostenible que exige soluciones" es compartida por la Consejería y la Dirección General de Función Pública, porque “tienen pendiente desde hace dos años la modificación y actualización de las plantillas o Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del personal laboral”, a los que acusó de “no ser transparentes” a la hora de aportar datos sobre las plazas ocupadas o vacantes que hay. 

Explicó que, para atender algunas necesidades, “se están produciendo contrataciones fuera de las RPT, y en no pocos casos en los límites de la legalidad de los procedimientos, al acudir a empresas privadas cuando existen profesionales disponibles en las bolsas de empleo público”.

"El riesgo de la externalización masiva de servicios auxiliares esenciales es una realidad y una enorme preocupación", denunció Argulo, quien anunció que esta forma de actuar “abre la puerta a más precariedad e inestabilidad”.

Ese es el motivo por el que desde CSIF instaron a la Dirección General de la Función Pública a “desbloquear” el proceso de modificación de las plantillas de personal laboral y a “agilizar” la puesta en marcha de la nueva normativa de bolsas de empleo pendiente desde hace más de dos años.

Educación de calidad

“Todos juntos conseguimos los buenísimos resultados de la educación pública en Castilla y León, reconocida por la evaluación del informe PISA y de la que tanto presume el Gobierno autonómico”, apuntó Madruga, al mismo tiempo que remarcó que hay que “dar visibilidad a este problema generalizado”, de ahí que haya apelado a los responsables competentes que “tomen medidas y ofrezcan soluciones rápidas”. 

"Los profesionales están agotados, las familias preocupadas, y la Administración continúa improvisando. No puede haber una educación inclusiva ni una gestión eficiente de los centros si no se garantiza la presencia de personal de apoyo, técnico, terapéutico y administrativo. Pedimos una planificación seria, con plantillas adecuadas a las necesidades reales del sistema educativo", remarcó.

De igual forma, explicó que el curso escolar se encuentra en su recta final, en periodo de matriculación, a semanas de la EBAU y a dos meses de las oposiciones, circunstancias que “todavía requieren de más trabajo administrativo”, apostilló.

Datos

Desde el sindicato destacaron que la provincia más afectada es Valladolid con 79 vacantes totales (32,5 por ciento), a la que sigue León con 40 (16,5 por ciento), Burgos, con 25 (10,3 por ciento), Salamanca, con 24 (9,9 por ciento), Soria, con 18 (7,4 por ciento), Zamora, con 17 (7 por ciento), Ávila, con 15, (6,2 por ciento), Palencia, con 13 (5,3 por ciento) y Segovia, con 12 (4,9 por ciento).

En cuanto al tipo de vacantes del personal laboral que hay en las plantillas o Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) actuales, 29 son ayudantes técnicos educativos, 25 fisioterapeutas, 21 técnicos de educación infantil, 17 de enfermería, 16 auxiliares técnicos educativos, siete intérpretes de lengua de signos y cuatro educadores. Respecto a las vacantes de puestos de funcionarios, 118 son auxiliares administrativos (97,5 por ciento) y tres auxiliares de enfermería (2,5 por ciento).