Mañueco responderá en las Cortes sobre la gestión de la sanidad y lo aprendido tras los cinco años del estado de alarma
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, responderá en el pleno de las Cortes de la próxima semana a los portavoces parlamentarios sobre la sanidad pública, la acción para el último año de la legislatura, el cumplimiento de los compromisos con la provincia de Soria y las lecciones aprendidas en el quinto aniversario del estado de alarma por la Covid.
En la sesión se producirá el debate de la toma en consideración de la proposición de ley de Reforma de la ley para la creación del Consejo del Diálogo Social y Regulación de la Participación Institucional, presentada por el Grupo Parlamentario Vox, junto con dos PNL de PP y PSOE de respaldo a Ucrania.
“¿Considera que su gobierno está gestionando la sanidad pública de Castilla y León adecuadamente?”, es la pregunta elegida por el portavoz socialista, Luis Tudanca, cuando este jueves tuvo que dimitir la directora general de Salud Pública, Sonia Tamames, tras el rechazo provocado político y social por sus palabras en las que minimizó el impacto de la pandemia y por las que Fernández Mañueco pidió disculpas a la población.
El portavoz de Vox, David Hierro, vuelve a preguntar por la acción de gobierno de la Junta de Castilla y León durante el último año de legislatura. Ángel Ceña, Soria Ya, busca conocer si se cumplen los compromisos y promesas con su provincia. Francisco Igea, en la rotación de los miembros del Grupo Mixto, se interesa por las lecciones aprendidas en este quinto año del estado de alarma por la pandemia.
Tras las preguntas al presidente, seguirá el control a los consejeros con las formuladas por el Grupo Socialista centradas en su mayoría en la sanidad: la asistencia urológica en el Hospital de Miranda de Ebro, el estado de la negociación con Castilla-La Mancha para renovar el convenio sanitario o contar con las tres plazas de médicos que faltan en el servicio de otorrinolaringología del Hospital Santa Bárbara en Soria.
Las preguntas de los parlamentarios de Vox son variadas: medidas para evitar atentados contra el patrimonio arqueológico de la Comunidad, evolución de la situación de los autónomos, ayudas a la
ganadería extensiva y control de la Junta sobre el contenido de los libros que los docentes de la enseñanza pública utilizan como material educativo.
En cuanto a UPL-Soria Ya, se interesan por los conservatorios de León y Zamora, por la gestión de la Junta en la comarca salmantina de La Ramajería y por los Centros Rurales Agrupados de la Comunidad de Castilla y León.
Cierran las preguntas los procuradores del Grupo Mixto Pablo Fernández (Podemos) y Pedro Pascual (Por Ávila). El primero se centra en sanidad y en “el abandono” a los enfermos de cáncer en El Bierzo; el segundo en los datos de empleo y paro femenino en Ávila.
En el apartado de mociones, una de Soria Ya en relación con la política en materia de agricultura y ganadería y otra del PSOE en relación a las infraestructuras viarias.
Ucrania y Diálogo Social
En el bloque de las proposiciones no de ley, PP y PSOE coinciden en la temática de apoyo a Ucrania, pero el primero la centra en que el Gobierno se comprometa a respaldar un acuerdo de paz justo y duradero y colabore con la Unión Europea, mientras que el segundo insta a expresar un respaldo sin fisuras al Gobierno en su defensa inquebrantable de la soberanía de ese país.
El pleno debatirá otra PNL socialista en materia de igualdad y para replicar en la Comunidad el pacto nacional contra la violencia de género. En su segunda iniciativa, el PP insta a plantear una moratoria por parte del Gobierno del decreto por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios.
También, se debatirá la toma en consideración de la proposición de ley de reforma del Diálogo Social, presentada por Vox desde su posición de oposición, y admitida a trámite por la Mesa el pasado 3 de octubre de 2024. Su objetivo es actualizar la legislación y remover “los obstáculos” para una participación efectiva de todos los interlocutores sociales, dado que este grupo ve “insuficiente” la actual y pide abrir a más actores, no solo limitado a sindicatos de clase y patronal.
Así, plantea ampliar la participación en el Consejo del Dialogo Social a los sindicatos mayoritarios, incluidos los sectoriales, a asociaciones mayoritarias de autónomos o de la pequeña y mediana empresa, de forma que los beneficios asociados a la idea del acuerdo social puedan ser más eficaces para intensificar el acceso a un empleo digno y estable.