José Luis Sanz, en Zamora: “Confiamos en la sensibilidad del Gobierno de España para dar servicio a los usuarios y no abandonar la España rural”

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz, expresó hoy su esperanza de que el Gobierno de España “acoja parte de las tesis” expuestas por la Comunidad Autónoma, con especial hincapié en la “necesidad de dar servicio a los usuarios, vivan donde vivan”, en alusión a reivindicaciones como la formulada por colectivos y vecinos de Sanabria, quienes reclaman una conexión de la Estación del AVE de Otero de Sanabria (Zamora) a líneas regulares de transporte de viajeros.

“Confiamos en que el Gobierno de España tenga un compromiso con el mundo rural, que tiene una importancia significativa en el caso de Castilla y León. La verdad es que, en torno a la Estación de Otero de Sanabria, una serie de circunstancias que generan problemas desde el punto de vista técnico, no solo para el transporte urbano, sino también para el transporte por ferrocarril”, señaló.

“De hecho, hay la demanda a Renfe de anticipar algunos de los trayectos para que el resto de usuarios tengan mejores horarios para poder desplazarse a Madrid o a destinos conectados en ese trayecto”, apuntó.

En este contexto, el consejero explicó que hay “dificultades”, fruto de las establecidas en la actualidad. “Reiteradamente, se ha dicho que la modificación del Mapa Regional de Transportes iba a intentar dar respuesta a eso porque partíamos de cero, por así decirlo, en las concesiones que tenemos que otorgar y que, por lo tanto, nos permiten redibujar”, anotó.

Mapa de Transportes

“No hemos abordado todavía ese tema porque, en 2022 surgió un problema, con el que no contaba la Junta de Castilla y León. El proyecto de Mapa de Transportes Estatal, de repente, puso patas arriba esta circunstancia y nos ha impedido continuar con la idea del Mapa de Transportes, que daría respuesta, sin duda, a casi todas las demandas que están latentes respecto a la Estación de Otero de Sanabria”, expuso.

José Luis Sanz hizo estas declaraciones en la Estación de Autobuses de Benavente (Zamora), adonde acudió para visitar las obras de rehabilitación y modernización, cuyo término se calcula para antes del próximo verano, con una inversión de 900.000 euros.

“Produce una serie de supresiones de paradas por parte del Gobierno de España. Esa es su intención y pretende que las asuma la Comunidad autónoma. Nosotros siempre mostramos nuestra oposición a este planteamiento porque estaba alejado de la demanda de servicio a todos los ciudadanos, vivan donde vivan y, muy en especial del mundo rural”, insistió.

“Priman los trayectos entre núcleos de población importantes, como pueden ser Benavente y capitales de provincia, y lo hacen en detrimento de otras paradas que, siendo titularidad del Estado, dejarían de ser utilizadas.

Había un planteamiento de otorgarlas, de adjudicárselas a la Comunidad autónoma y allá te entiendas con ellas. Si hay que incrementar los servicios, hay que incorporarlas al nuevo Mapa de Transportes y si eso es así, tiene que financiarse”, agregó.

Competencias y financiación

En este contexto, el consejero consideró “razonable” que, si hay un “traslado de la competencia” desde el Estado a la Comunidad autónoma, “venga con financiación suficiente”, como ocurre en competencias de Sanidad y Educación. 

La estimación de la Junta sobre esas paradas -“siete, en la provincia de Zamora, y más de 300 en Castilla y León”- conllevaría un coste añadido de 25 millones de euros, “bajo una premisa, que es la política de la Junta de Castilla y León de que hay que prestar los servicios en todo caso, independientemente del número de usuarios que se suba al autobús”, según puntualizó Sanz Merino.

“Por lo tanto los autobuses tienen que circular, cada vez con mejores condiciones, más eficientes y sostenibles. Tiene que estar a disposición de cualquier ciudadano, viva donde viva, sobre todo los que viven en el medio rural, el servicio de transporte público urbano porque no todo el mundo dispone de vehículo particular. Eso conlleva la necesidad de sufragar la diferencia de coste que tienen los operadores entre lo que les supone a ellos y lo que realmente ingresan por billetajes”, expuso.

De esta manera, con pocos usuarios, como ocurre en el caso de Castilla y León, la diferencia se cuantifica en 25 millones de euros. “En el conjunto de España, supondría unos 123 millones de euros la supresión de paradas según plantea el Gobierno de la nación. El Ministerio de Transporte ofrece 25 millones de euros durante dos años para toda España, es decir, hay una diferencia de casi 100 millones de euros”, precisó.

Problema político

El consejero consideró que, ante todo lo relatado, se trata de “un problema político de primera magnitud”, ya que está vinculado a un servicio público esencial. “Sobre todo, a un servicio público que da acceso a otros servicios públicos. Es un problema político de primer orden que hay que tratar al máximo nivel de carácter político. Ese marco es el de la Conferencia Sectorial del sector del Transporte, donde están todas las comunidades autónomas, y poder tratar allí todas las circunstancias”, reiteró.