Además, en respuesta a pregunta de la procuradora socialista Yolanda Sacristán, Blanco informó que el pasado año se tramitaron 18.186 expedientes, un 20 por ciento menos que en 2022, y que además del sistema de baremación del Gobierno, los retrasos también se producen por los errores en la presentación de la documentación, dado que el 20 por ciento de las solicitudes están incompletas, y por el 10 por ciento de cambio de citas que se registran.
No obstante, la consejera explicó que se ha puesto en marcha un plan de choque que pasa, entre otras medidas, por la formación de los profesionales y la incorporación de 48 técnicos más, tal y como se recoge en la nueva RPT.
Por su parte, la procuradora socialista argumentó que muchas de las personas con discapacidad están viendo vulnerados sus derechos por plazos que llegan a alcanzar los dos años. Además, criticó que las Unidades de Valoración están saturadas y son incapaces de contestar a una reclamación en un plazo inferior a un año. "Es Yolanda Sacristán también denunció que la situación es insostenible en provincias como Valladolid, Ávila y León por una “ineficaz gestión” y recordó que las resoluciones que recibe del Procurador del Común por este motivo son diarias.