La Junta prevé "concluir" todos los trámites necesarios para poder presentar los presupuestos de 2025
La Junta de Castilla y León tiene la “intención de concluir” todos los trámites necesarios para estar “en condiciones” de abordar la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2025, una vez conocidas las entregas a cuenta para el próximo ejercicio, que ascenderán a 8.987 millones de euros, y la liquidación del sistema de financiación autonómica de 2023, que suma 627,5 millones, por lo que contará con 9.541 millones del sistema de financiación autonómica, teniendo en cuenta la devolución de los anticipos por el aplazamiento de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009.
En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, criticó que los recursos comunicados crecen un 2,6 por ciento, algo por debajo de la previsión de inflación. Sin embargo, el Ejecutivo continúa trabajando para elaborar las nuevas cuentas, que ya disponen de una primera carga, y se ha enviado al Consejo Económico y Social (CES) la ley de Medidas que las acompaña, que incluirá las novedades tributarias anunciadas por el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, que anticipó una nueva rebaja del tramo autonómico del IRPF.
En este escenario, Fernández Carriedo aseguró que lo que les preocupa es el “escenario futuro" que se abre con el acuerdo de ERC y el PSC para la investidura del socialista Salvador Illa, porque señaló que tras diez años caducado el sistema de financiación, ahora “la tentación” puede ser negociar sólo con los partidos separatistas la reforma, para repartir lo que “sobre” entre el resto de las comunidades.
Al respecto, el titular de Hacienda denunció que el Gobierno ha cambiado de opinión, aceptando una negociación bilateral con Cataluña y no multilateral como había comprometido, algo que señaló ha generado “tanta preocupación” en el conjunto de España. De hecho, indicó que muchos de los expedientes aprobados por el Consejo de Gobierno este jueves no podrían ver la luz si se aplicara el criterio de gastar en cada territorio en función de los impuestos que pagados.
En concreto, señaló que no se podría construir los centros de salud, por ejemplo, que se licitan en El Burgo de Osma (Soria) y en Sotillo de la Adrada (Ávila) porque la recaudación fiscal en algunos casos ni siquiera cubre el pago a los profesionales. Por tanto, Fernández Carriedo señaló que se trata de garantizar en el acceso a estos servicios en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos. Es básico, dijo, no sólo cómo se financia una comunidad, sino qué servicios se prestan.
Finalmente, el consejero portavoz denunció que la propuesta de acuerdo de ERC y PSC, que alude a la soberanía fiscal, que algunos denominan concierto catalán, supone que el Gobierno acepta que se presten en España servicios de distintas calidades en función del territorio de que se trate.