Numerosos agricultores zamoranos participan en la tractorada de hoy de Valladolid

Más de 700 tractores y 600 personas participan en una protesta en la que las opas hacen un llamamiento a la unidad de acción.
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El campo vallisoletano (acompañado por numerosos agricultores de Zamora) volvió a tomar hoy la capital para reivindicar un precios justos por sus productos y una modificación de la PAC que flexibilice las exigencias medioambientales, en una protesta en la que se concentraron un millar de tractores, según los convocantes, y más de 700 y unas 600 personas, según la Policía Municipal.


La protesta convocada por Asaja, UPA, COAG y UCCL, también fue aprovechada por las organizaciones profesionales agrarias para hace un llamamiento a la unión del sector. En este sentido, el coordinador de UCCL Valladolid, Valentín García, en declaraciones reconocidas por Ical, reconoció el éxito que están teniendo las movilizaciones convocadas a través de grupos de Whatsaapp y destacó que hoy todas las opas se han sumado a estas concentraciones, “ya que entendemos que la unidad de acción es una obligación de todo el sector en un momento clave para hacer cambiar de rumbo al Ministerio de Agricultura y a la Unión General.


En el mismo sentido, Juan Ramón Alonso, presidente de Asaja Valladolid, daba las agracias a las plataformas de agricultores y grupos independientes que se han sumado a la manifestación convocada por las organizaciones agrarias, a la vez que mostraba su deseo de que la unidad de acción demostrada hoy se mantenga en los próximos días. “Cuando vamos unidos no hay quien nos pare”, recalcó.


Por su parte, desde la Alianza UPA-COAG, David Garrido, argumentó que la manifestación de hoy ha puesto de manifiesto que la unidad del campo es una realidad, dado que las opas e “independientes vamos de la mano sin ningún problema”.


A su vez, Valentín García aseguró que, de una vez por todas, el campo necesita unas precios justos y recalcó que la actual ley de la Cadena Alimentaria “no sirve para nada”. También afirmó que la mayoría de los sectores de la agricultura y la ganadería de España están produciendo a pérdidas y advirtió que en los próximos dos o tres no habrá profesionales en el campo.


Al mismo tiempo, también reclamó que la Unión Europea y el Ministerio de Agricultura exijan a los productos que se importan los mismos requisitos que a los que se producen en Europa y que se cumplan las cláusulas espejo. Así, argumentó que después de la desastrosa cosecha de cereales de la pasada campaña, “ahora no somos capaces de vender nuestros cereales al inundarse el mercado nacional de cereales de tercero países”. También se refirió a los problemas de los ganaderos y recalcó que en estos momentos en Castilla y León el “lobo es mucho más importante que los ganaderos”


Manifestantes y tractores, algunos llegados de pueblos limítrofes de las provincias de Ávila, Segovia y Zamora, se dirigieron a la Subdelegación del Gobierno, desde donde tenían previsto reanudar la marcha hasta las Cortes de Castilla y León. En ambas sedes hicieron entrega de un manifiesto en el que se resumen sus reivindicaciones.


Además de precios justos y una modificación de la PAC que flexibilice las exigencias medioambientales, también reclaman una reducción burocrática y la eliminación del ‘cuaderno digital’. A su vez, reclaman que se dé prioridad a los productos de España y de la UE frente a tercero países; un plan de choque, con dotación económica, para hacer frente al incremento de los costes, y una revisión de toda la normativa en materia de sanidad y bienestar animal, fitosanitarios y abonado.


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Plan Hidrológico del Duero

En el caso concreto de Castilla y León, reclaman la derogación del Plan Hidrológico del Duero, así como una reducción de las tarifas de riego, volviendo a los contratos de doble tarifa.


La aplicación real de la Cadena Alimentaria; la derogación de la Agenda 2030; un control d ella fauna salvaje con indemnizaciones justas; la prohibición de instalar parques solares en parcelas productivas; reducir los impuestos al gasóleo agrícola y planes de sanidad consensuados entre el Gobierno y las autonomías, son otras de las reclamaciones.