El portavoz del Grupo Socialista de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, José Luis Vázquez, y la secretaria de Vivienda de la Comisión Ejecutiva Autonómica, Ana Casado, comparecieron hoy para informar sobre la orden que con la “alevosía” de la Navidad la Junta publicó el 26 de diciembre en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) para actualizar los precios máximos de venta, adjudicación y de referencia para el alquiler en Castilla y León.
Al respecto, José Luis Vázquez indicó que en noviembre de 2022 la Junta ya revisó al alza estos valores de referencia, lo que motivó una denuncia pública por parte del PSOE, a la que ahora se le une otra, tras aplicarse otra subida, que en el caso de los jóvenes pasa del 25 al 30 y del 37 al 39 en el medio rural. Todo ello, recriminó el portavoz socialista, cuando opera en España el límite del dos por ciento para los nuevos contratos adoptado por el Gobierno de España ante el aumento de la inflación.
De este modo, acusó a la Junta de “perjudicar” de una forma “especialmente sangrante” a los jóvenes y al medio rural con sus políticas inexistentes en materia de vivienda. A las cantidades “injustas”, “insoportables” de 2022, se añaden desde finales de 2023 nuevos aumentos que a su juicio sólo tienen un objetivo que es “intentar dar respuesta a las exigencias” de la promoción privada que consideran “menos atractivas” las viviendas de alquiler social si no se encarecen. Por ello, indicó en el caso de las nuevas edificaciones colaborativas se le asignan los coeficientes de la joven, la de precio limitado para familias y la rural.
Asimismo, el portavoz socialista acusó a la Junta de ocultar la procedencia de los fondos con los que financia sus políticas de vivienda, ya que recordó que de los 101 millones del Plan Estatal, 80 los aporta el Estado, y de ser "incapaz" de gestionarlo de una forma “adecuada”.
También criticó medidas “carentes de rigor” como la “seudoficinas” contra la ocupación que señaló no han recibido ninguna queja y que replicó no tienen coste para la Comunidad porque se han desmantelado las oficinas de vivienda de las delegaciones territoriales, como a su juicio han comprobado las 25.000 personas que tuvieron que esperar un año por las ayudas al alquiler. “Siempre es el marketing, la promoción y lo inútil”, dijo y pidió que se apueste por una política de vivienda “agresiva” y “ambiciosa” que ayude a fijar población.