Los pocos países que mantienen la pena de muerte están sobre aviso: millones de personas seguimos luchando para que pongan fin a esta práctica inhumana. Sabemos que podemos conseguirlo porque, cuando empezamos a trabajar contra la pena capital en 1977, ésta sólo estaba abolida en 16 países. Al terminar 2021, estaba abolida en 108 países.
Irán, por ejemplo, la sigue utilizando recurrentemente, incluso contra menores de edad. Sólo entre enero y febrero de 2023, las autoridades han ejecutado a, al menos, 94 personas. Muchas de ellas pertenecían a minorías étnicas; otras, habían sido declaradas culpables en relación con las protestas surgidas tras la muerte de Mahsa Amini en septiembre del año pasado.
En Estados Unidos, a Donald Dillbeck lo ejecutaron en febrero tras permanecer 32 años condenado a muerte, a pesar de que Estados Unidos prohíbe la ejecución de personas con discapacidad intelectual. China clasifica como “secreto de Estado” la mayor parte de los datos relacionados con la pena de muerte para tratar de ocultar que es el mayor ejecutor mundial. Arabia Saudí y Egipto se suman a la lista de los países que más ejecuciones realizan.
¿Y qué pasa con las mujeres? Pues que muchas mujeres son declaradas culpables y condenadas a muerte en juicios muy deficientes e injustos que, a menudo, incumplen el debido proceso y no tienen en consideración factores atenuantes, como son los abusos, los actos de violencia y las agresiones sexuales de manera continuada.
Desde Amnistía Internacional lo tenemos claro: la pena de muerte es una grave violación a los derechos humanos. /// FIN