El jurado delibera sobre la culpabilidad o no del acusado de asesinar a Diolimar Alemán
El jurado popular que participa en el caso de asesinato de Diolimar Alemán delibera a esta hora sobre la culpabilidad o no del acusado de asesinarla, un hombre de nacionalidad venezolana, que se encuentra en prisión desde que ocurrieron los hechos en 2022.
El magistrado de la Audiencia provincial de Soria, Rafael Carnicero, hizo entrega hoy a los nueve miembros del jurado-cinco hombres y cuatro mujeres- del objeto del veredicto, que recoge una serie de preguntas a las que deberán de asignar la respuesta de si los hechos están probados o no con su correspondiente motivación y a través de las cuáles deberán llegar al veredicto.
“Deberán motivar por qué dicen que está probado a través de las pruebas, grabaciones y actas y no pueden atender a pruebas que no hayan sido admitidas o cuya nulidad haya sido decretada”, señaló.
El objeto del veredicto recoge varios bloques con preguntas a las que el jurado deberán responder sobre si son hechos probados o no. La primera hace referencia a si el acusado se encontraba en el domicilio donde ocurrieron los hechos en la madrugada del 9 junio de 2022; la segunda, si en dicho domicilio se encontraba la hija de Diolimar-”algo que es relevante a la hora de imponer la pena”, señaló el magistrado.
La tercera pregunta se refiere al hecho de la muerte de Diolimar y si fue intencionada. En concreto, si el acusado, con ánimo de acabar con la vida de su pareja, le asestó una puñalada en la zona intercostal izquierda que le causaría la muerte, dando Diolimar un fuerte grito.
La cuarta pregunta deberán contestarla si la anterior la consideran probada y hace referencia a si el acusado aprovechó la circunstancia de que Diolimar no pudiera defenderse, ya que esperó a que se quitara la ropa, se pusiera el camisón y se tumbara en la cama con el fin de aprovechar que no tenía posibilidad de defenderse.
El resto de preguntas hacen referencia al fallecimiento de la víctima. En concreto, si advertido por el grito de Diolimar, su tío que se encontraba en la habitación contigua acudió a la habitación de su sobrina y la encontró tendida en la cama desangrándose y al acusado de pie con un cuchillo en la mano.
La sexta si consideran probado que Diolimar falleció a consecuencia de una parada cardio respiratoria causada por la herida; la séptima sobre si el acusado dejó entonces el cuchillo en la fregadera y se marchó de la vivienda portando una mochila con documentación y diversos objetos personales y útiles de higiene.
La octava si la finada tiene una hija menor que se encuentra tutelada por los Servicios Sociales y la novena, que la deberán contestar si no han determinado acreditada la tercera y la cuarta, el acusado y Diolimar tuvieron una discusión en el curso de la cual el acusado dio una puñalada a la víctima de forma accidental. “Además, también deberán votar como hecho favorable que el acusado, al tiempo de los hechos, carecía de antecedentes penales”, destacó.
Por último, también deberán determinar como hecho desfavorable si el acusado y Diolimar mantenían una relación sentimental que se había deteriorado y que había finalizado a iniciativa de la víctima.
Además, se les pregunta si consideran probado si en el momento de los hechos el acusado tenía afectada de forma grave o leve su capacidad de entender debido a una ingesta de alcohol o por el consumo de sustancias tóxicas o estupefacientes. Por último, deberán reflexionar sobre la culpabilidad o no del acusado y sobre la posible suspensión de la pena o la petición del indulto tal como marca la ley.
Los miembros del jurado redactan y dirimen en las dependencias de la Audiencia sobre el veredicto y permanecerán incomunicados, sin móviles y sin opción de salir del Palacio hasta que lleguen a acuerdo. Disponen de 48 horas para emitir el mismo y deberán dormir en un hotel de la ciudad asignado al efecto.
El acusado, que tiene cinco hijos en Venezuela y Colombia, se enfrenta a una pena de 23 años de prisión por un delito de asesinato con el agravante de parentesco; diez años de libertad vigilada y al pago de una indemnización a la hija de la víctima de 250.000 euros.