El Contencioso de Valladolid vuelve a dar la razón al Ayuntamiento de Zamora frente a la Junta
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Valladolid vuelve dar la razón al Consistorio y, en un auto fechado el 1 de septiembre de 2023, obliga a la Junta de Castilla y León a reintegrar al Ayuntamiento de Zamora los 100.000 euros de una subvención para el fomento de empleo que le retiró con el argumento de que las contrataciones de los beneficiados se realizaron con un día de retraso. La resolución también impone a la Administración autonómica el pago de los intereses, una suma que supera los 7.790 euros.
La concejala de Recursos Humanos y Diálogo Social, Laura Rivera, recordó que se trata de la segunda sentencia de lo Contencioso Administrativo de Valladolid que obliga a la Administración autonómica a reintegrar al Ayuntamiento la subvención a los planes de empleo, que “nos había retirado con el argumento de que las contrataciones se habían realizado con 1 día de retraso”. El fallo se refiere a la subvención concedida al Ayuntamiento para el Plan de Empleo MAYEL, por importe de 100.000 euros y dice textualmente: “Procede imponer las costas a la parte demandada dado que la misa ha visto desestimadas íntegramente sus pretensiones y no existen dudas de hecho o derecho que justifiquen otra decisión, máxime cuando la violación del principio de proporcionalidad ya constaba como argumento de la propia vía administrativa”.
Rivera entiende que, efectivamente, lo que el juez de lo Contencioso califica como “violación del principio de proporcionalidad”, ya constaba en la jurisprudencia citada en el auto, y en una sentencia anterior, de 26 de junio de 2023, en la que el Juzgado obligó a la Junta a devolver al Ayuntamiento la subvención de 50.000 euros del plan empleo JOVEL, y condenó a la Administración Autonómica a pagar las costas del proceso, más los interesas de demora, que sumaban cerca de 2.000 euros. “En definitiva”, remarca la edil de Izquierda Unida, “el Ayuntamiento recobra la subvención de 150.000 euros a los planes de empleo: 50.000 euros en el mes de junio, y 100.000 euros del plan Mayel en septiembre, además de 9.972 euros de demora”.
Recordó la concejala que fue en “plena campaña electoral de elecciones municipales, a principios de mayo de este año, cuando el Partido Popular denunciaba públicamente la pérdida de las subvenciones al empleo”, y calificaba este hecho como “desidia, falta de liderazgo y de coordinación del equipo de gobierno de este Ayuntamiento”.
Desde la Concejalía de Personal se valoró entonces como “desproporcionada” e incluso como de “mala fe” la actuación por parte de la Junta y del consejero de Empleo, “el señor Verganzones”, retirando el total de la subvención por una mala interpretación técnica –“que reconocimos”- de la convocatoria debido a la cual se habían contratado 1 día después del plazo estipulado a los 10 trabajadores de los planes, sin merma de los días de contratación requeridos.
En aquella ocasión, se admitía por parte del Ayuntamiento este hecho, pero se afirmaba lo que “era cierto”: que “se actuaba de mala fe, porque se había cumplido con el fin de las dos subvenciones al empleo”. Es decir: se había contratado a 5 trabajadores menores de 35 años, desempleados, durante 180 días, a jornada completa durante 365 días, según los términos recogidos en las bases reguladoras. Además, se habían destinado todos los fondos públicos derivados de la subvención al objetivo público marcado; y todos los gastos eran subvencionables y efectuados en período subvencionable. Ante la decisión de la Junta, el Ayuntamiento anunció entonces que había recurrido ante el Contencioso de Valladolid lo que “considerábamos una injusta resolución”, insiste Rivera, y ahora, “los tribunales nos han dado la razón jurídica”.
Laura Rivera explica que los argumentos recogidos en esta segunda sentencia reconocen que “el incumplimiento consistente en no celebrar el contrato el 31 de diciembre y haberlo hecho el 1 de enero no produce ninguna afectación ni a la finalidad de la subvención ni al cumplimiento de la misma”. Y abunda en que “el incumplimiento resulta intrascendente para la finalidad y objeto de la subvención y que la pérdida de ésta en 0”. Reitera la edil de Recursos Humanos que la devolución de las subvenciones al empleo por 150.000 euros se valoró como “desproporcionada” por los técnicos del Ayuntamiento, y como “injusta” por no ajustada a derecho desde el punto de vista jurídico, de ahí que se recurriera en los tribunales que, en este momento, “nos dan la razón jurídica”, “gracias a los servicios de Personal y jurídicos del Ayuntamiento”.
“A estas alturas y después de las elecciones, tenemos que decir al PP que los tribunales no han dado la razón jurídica y los ciudadanos también nos han dado la razón política”, aunque para Rivera lo más importante es la “razón social” porque, en definitiva, “todo el dinero fue destinado a la finalidad descrita: el empleo, lo más importante para el Ayuntamiento antes y ahora”. “Tal vez no tanto cuando era gobernado por los que se alegran con la pérdida de subvenciones al empleo, en lugar de sentirlo”, aseguró Laura Rivera, que avanzó que el Ayuntamiento seguirá acogiéndose a todos los planes de empleo como ha hecho estos 8 años, en los que ha contratado a más de 600 trabajadores entre 2016 y 2022, y gestionado los 9,5 millones del coste, de los que 3 millones son fondos municipales. “Eso sí, los del señor Verganzones han recurrido estas sentencias. Lo suyo no es fomentar el empleo, ni siquiera el precario de los planes de empleo”, zanjó Rivera.