Las constituciones de empresas aumentan en julio
Las constituciones de empresa se aumentan en julio en Castilla y León un 9,8 por ciento, al contabilizar 213, frente a las 194 del mismo mes del pasado año. No obstante, este incremento se sitúa más de cinco puntos por debajo que la subida del conjunto de España, que con 8.326, se apuntó un alza del 15 por ciento, según un informe realizado por el Colegio de Registradores de la Propiedad al que ha tenido acceso Ical.
Los mayores incrementos se registraron en Navarra (44,4 por ciento), Extremadura (39,4 por ciento) Murcia (37 por ciento) y Asturias (19,3 por ciento), mientras que en términos absolutos Madrid se situó en cabeza con 1.959, seguida de Cataluña, con 1.667; Andalucía, con 1.535, y Valencia 1.080.
Además, el pasado julio 48 empresas de la Comunidad ampliaron capital, lo que supone un 18,6 por ciento menos que hace un año. A nivel nacional el comportamiento fue el contrario y se registró una subida del 10,7 por ciento. Por comunidades, destacan por su mayor volumen, Madrid con 709 ampliaciones en julio, un 11,1 por ciento más que en el mismo mes de 2022 y Cataluña con 502, un 19,5 por ciento más. Castilla y León lideró los descensos seguida de La Rioja (-18,2 por ciento), Canarias (-5,9 por ciento), Galicia (-3 por ciento) y Andalucía (-1,5 por ciento).
Por otra parte, en la Comunidad se contabilizaron siete concursos de acreedores, frente a los diez de hace un año (-30 por ciento). En este caso el comportamiento de Castilla y León es mejor que la media nacional, donde la caída solo fue del 5,8 por ciento, al contabilizarse 373.
Según el estudio del Colegio de Registrados, el fin de la moratoria concursal marcó la tendencia real durante el segundo semestre de 2022, que supuso incrementos significativos, destacando un aumento del 42,2 por ciento en el cuarto trimestre. En enero de este año todavía se produjeron subidas importantes, del 12,6 por ciento por el efecto anterior, mientras que desde febrero se acumulan seis meses consecutivos de caídas en los concursos inscritos influidos probablemente por la conflictividad laboral producida recientemente en la Administración de Justicia, que ha supuesto un retraso en la tramitación de los concursos.