Desde CCOO denunciamos una vez más la situación del personal de SACYL en la provincia de Zamora, ya que desde hace tiempo reclamamos el cumplimiento del reglamento de llamamientos para contrataciones de la bolsa de empleo de SACYL.
Tras varias reuniones con la dirección de enfermería y la dirección de gestión, los llamamientos continúan realizándose sin cumplir la normativa ni el orden de puntuación, a pesar de las buenas palabras. No podemos consentir las escusas de que la plataforma no funciona correctamente o que no disponen de los medios suficientes.
Los profesionales se quejan de que “existen compañeros que encadenan un contrato tras otro a pesar de tener escasa puntuación”. Aluden razones de “cercanía” a cargos directivos, así como que aceptan condiciones que vulneran de sus derechos como profesionales (consienten que las administraciones les elija las vacaciones, aceptan contratos sin una planilla y se les indica el turno 24h antes y el servicio en el que trabajan en el momento de comenzar el turno etc). “Los trabajadores y trabajadoras que no aceptan estas condiciones resultan incómodos para la Dirección de Recursos Humanos del Complejo Asistencial de Zamora”.
Este tipo de situaciones no solo vulnera los derechos de los profesionales, sino que también vulneran los derechos y la seguridad de los pacientes, ya que no se requieren los mismos conocimientos ni habilidades para trabajar en todas las unidades de un hospital
Una provincia como Zamora, cuyo déficit de profesionales es un grave problema, debería ser escrupulosa en el cumplimiento de la normativa, en el respeto de los derechos de los trabajadores y en fomentar que los profesionales que se forman en la provincia quieran quedarse y así acabar con la fuga de profesionales a otras provincias próximas o a otras comunidades con mejores condiciones laborales.
Desde CCOO denunciamos públicamente las irregularidades que se están cometiendo en la contratación de profesionales de SACYL, animamos a todos los trabajadores que se estén viendo perjudicados por esta situación en que la administración facilita contratos públicos de manera irregular, a realizar todas las acciones pertinentes para que se restablezcan sus derechos.