Además, los responsables agrarios calificaron de “dramática” la situación y advirtieron del cierre de explotaciones de extensivo por la “presión insoportable” de los cánidos y la incertidumbre a la que se enfrentan los ganaderos.
El presidente Asaja Ávila, Joaquín Pino, además de agradecer a la Consejería de Medio Ambiente el trabajo realizado en los últimos meses para incrementar los baremos de compensación, reconoció que se ha producido un “avance importante” en las reivindicaciones, como la unificación de ayudas a los terceros de entre cero y seis meses o la incorporación del lucro cesante.
Además, Pino aseguró que Asaja estará al lado de la Consejería de Medio Ambiente frente a un Gobierno que está “demonizando” al vacuno de carne “sin sentido”, y explicó que además de lograr que los ataques de lobos se hayan disparado, traslada a Europa un mensaje erróneo al asegurar que existen problemas en el estado de conservación del lobo.
En este sentido, criticó la gestión ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno, Teresa Rivera, a la que acusó de “no tener ni idea de lo que pasa en los pueblos, ni hacer nada por fijar población en el medio rural”, y reclamó que se retomen las medidas para controlar la población del lobo, “dado que desde Asaja entendemos que la mejor medicina para el lobo es el plomo”.
Por su parte, el coordinador regional de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, que no ocultó su satisfacción, explicó que después de meses de espera llega una normativa que paliará la “nefasta” orden ministerial, a la vez que recalcó la necesidad de establecer medidas similares para los ataques contra la cabaña ganadera de los buitres, animales “a los que hemos dejado sin comida y se han visto obligados a cambiar sus hábitos”.
González Palacín, que recalcó que la población de lobos en Castilla y León no corre ningún peligro, al contrario que la ganadería extensiva, una práctica tradicional con unos beneficios medioambientales que nadie pone en duda, y a la que el lobo está poniendo en jaque. Además de reducir la protección del lobo, el representante de UCCL planteó a creación de una comisión mixta al más alto nivel entre la Consejería de Medio Ambiente y las organizaciones profesionales agrarias para tratar estos asuntos.
Cotos de caza
Por último, el coordinador de la Alianza UPA-COAG Aurelio González además de considerar la nueva orden de pagos compensatorios como una “mejora necesaria que llega tarde”, indicó que las cifras de ataques al norte el Duero no son reales, dado que muchos de los daños no se reclaman por evitar conflictos por los cotos de caza.
Al mismo tiempo, Aurelio González indicó que ahora hay que seguir trabajando con la Consejería de Medio Ambiente para lograr compensaciones a los daños que provocan los buitres y una franquicia para los seguros que cubre los daños provocados en los cultivos por la fauna salvaje. Por último, también mostró su total rechazo a una normativa que el Ministerio de Transición Ecológica puso en marcha sin escuchar a nadie.