Para las organizaciones profesionales agrarias, según manifestaron en un comunicado remitido a Ical, las medidas “llegan tarde” ya que hace meses que “se comprometieron y anunciaron a bombo y platillo por la administración autonómica”. Valoran, no obstante, su puesta en marcha, si bien lamentan que se deba a “la presión en la calle y en los medios de comunicación” ejercida durante los últimos meses por ambas organizaciones, con manifestaciones llevadas a cabo en Tábara (Zamora) el 26 de agosto y en Valladolid el 23 de septiembre.
La Alianza recuerda que el incremento sostenido de los costes de producción derivado del aumento de los precios de las materias primas para alimentación animal, de los precios de la energía y de los combustibles como consecuencia de la guerra en Ucrania, así como las distorsiones en los mercados ocasionados por este conflicto, motivó la adopción de medidas extraordinarias por parte de las administraciones comunitaria y estatal. Sin embargo, había actividades y sectores que quedaron excluidos y para los que la organización pidió también ayudas a cargo de los fondos propios de la Junta de Castilla y León, tal y como prometió el presidente Mañueco en su discurso de investidura.
De esta forma, el BOCyL de hoy publica la Orden mediante la que la Consejería abonará subvenciones por importe total de 9.840.088 euros, por concesión directa, a los titulares de explotaciones ganaderas de vacuno de cebo de animales de la propia explotación, avicultura de puesta para consumo, pavos, porcino y apícola. Se espera una segunda remesa de ayudas, por importe aproximado de cuatro millones de euros, para las explotaciones que riegan con aguas subterráneas y hayan cultivado remolacha, patata y otras hortícolas. Sin embargo, no se incluyen en esta ayuda al resto de producciones de regadío como pueden ser maíz o alfalfa.
Además, se espera que esta semana se publique en el BOCyL la convocatoria de ayudas para los afectados por los incendios del verano. A falta de conocer los detalles concretos, la ayuda podría alcanzar los 5.000 euros por beneficiario, importe que a la vista de los daños ocasionados por los catastróficos incendios, parece a juicio de la Alianza “claramente insuficiente”.