La finalidad de las ayudas a las personas propietarias o usufructuarias es restablecer a sus moradores en el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna, además de recuperar el patrimonio arquitectónico y promover la reactivación económica del municipio.
Las opas valoran las medidas pero lamentan que solo se ejecuten por su "presión en la calle y en los medios".