El agresor de la jueza de Santa María la Real de Nieva (Segovia) acepta una pena de cárcel de 7 años y medio

Acuerdo entre las partes por los delitos de asesinato en grado de tentativa y atentado contra la autoridad.

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El juicio por el caso de agresión a la jueza del Santa María la Real de Nieva ha sido visto para sentencia en los términos acordados entre las partes, con siete años y medio de cárcel para el acusado por los delitos de asesinato en grado de tentativa que lleva en concurrencia un delito de atentado contra la autoridad por ser magistrada, según afirmó el presidente de la Audiencia Provincial de Segovia, Ignacio Pando, que no pudo dictar una sentencia in voce. El acusado lleva en prisión provisional desde el 2 de diciembre de 2020.


El presidente de la Audiencia de Segovia relató brevemente los hechos ocurridos el 1 de diciembre de 2020, en los aledaños del Juzgado de Instrucción de Santa María la Real de Nieva. La jueza estaba en el interior de su vehículo cuando el acusado le abordó y tras entablar una conversación, le clavó un destornillador, en el costado izquierdo y en el ojo. La magistrada consiguió salir del coche pero él le alcanzó y le volvió a agredir en el pecho. Finalmente, consiguió refugiarse en el Juzgado.


La audiencia pública apenas duró diez minutos, en los que el acusado reconoció con un “sí” los hechos y otro “sí” para afirmar estar de acuerdo alcanzado por sus abogadores defensores con la Fiscalía y la acusación particular. Además de la pena de cárcel de siete años y seis meses, de los que ya ha cumplido casi dos, acepta una orden de alejamiento durante ocho años y medio de la víctima de un kilómetro y sin poder comunicarse con ella por ningún medio, así como cinco años y medio de libertad vigilada.


Antes de dar por concluido el juicio, las partes mostraron su conformidad con la modificación de la petición inicial del Ministerio Público, y haber satisfecho la responsabilidad civil por los hechos de un total de 94.170 euros, por 24.170 euros por la agresión; 30.000 euros por las secuelas y 40.000 por el daño moral sufrido. Se ha tenido en cuenta que el acusado, vecino de Fuente de Santa Cruz, tenía una enfermedad mental.


El abogado de la jueza, Aquilino Conde explicó, sobre las penas accesorias, que la orden de alejamiento “cumple junto con la pena de prisión” y la libertad vigilada será controlada por el juez de vigilancia penitenciaria, una vez que cumpla la plena y con las medidas que le impongan, así como una indemnización en total por lesiones, secuelas y daños morales de 90.170 euros.


Acuerdo “prudente”

Conde remarcó que la magistrada “ha querido que este asunto se solucionara así”, porque aunque “tenía en principio sus dudas, finalmente dijo que se tendría que llegar a un acuerdo porque no no estaba por la labor de ser rencorosa y quería rehacer su vida”. Además, reconoció que al acusado se le podría haber aplicado una serie de atenuantes por su trastorno bipolar grado dos, que le había sido diagnosticado por Sacyl antes de la agresión. Además “se le ha aplicado el atenuante de reparación del daño porque él antes de celebrarse el juicio ha hecho la consignación de toda la responsabilidad civil” y lo valoró como “un acuerdo prudente y bien para todos”.


El abogado de la magistrada abulense que actualmente está destinada en Burgos recordó que su petición inicial fue el máximo de 15 años de cárcel y la Fiscalía de 12 años por el delito de asesinato en grado de tentativa y otro delito que iba implícito en él, de atentado contra la autoridad al ser jueza, pero aceptaron siete años y medio. Por parte de los abogados defensores del acusado, solicitaban ido por un delito de lesiones.


Posibles actuaciones futuras

En la resolución de este juicio finalmente no hubo peticiones, por responsabilidad subsidiaria, al Ministerio de Justicia por la falta de seguridad en los juzgados únicos. El abogado de la jueza explicó a los medios a la salida que se reservan “las acciones para poder poder ir contra el Ministerio de Justicia por alguna posible responsabilidad por daños y perjuicios”.


Aquilino Conde afirmó que tienen claro que uno de los motivos por los que se produjo el apuñalamiento fue porque “no había medidas de seguridad”, lo que ha originado, según la información que le han hecho llegar, que Justicia “ha modificado ya el contrato con el Ministerio del Interior y no tardando mucho se va a poner un guardia civil en el juzgado de Santa María la Real de Nieva”, así como que ya hay un vigilante jurado en otro juzgado único de la provincia de Segovia, en la villa de Sepúlveda.