Los mataderos de Castilla y León valoran la implementación de videovigilancia en sus instalaciones para demostrar su “compromiso” con el bienestar animal

La Asociación de Mataderos de Castilla y León (Amacyl) valoró hoy el Real Decreto 695/2022, de 23 de agosto, por el que se establecen medidas para el control del bienestar de los animales en los mataderos mediante la instalación de sistemas de videovigilancia, al considerar que vendrá a demostrar su “compromiso” con las regulaciones ya vigentes en relación con el bienestar animal. No en vano, aseguró que la mayor de las instalaciones ya cuenta, desde hace tiempo, con cámaras. 

Un comunicado de la organización, recogido por la Agencia Ical, señaló que la experiencia ha servido como ayuda en tiempo real para la labor de los veterinarios oficiales, que ya tienen en la actualidad calidad de autoridad, y que incluso el sistema de videovigilancia se utilizó para abrir varias no conformidades en la descarga a algunas empresas, lo que conlleva la mejora de los procesos y por lo tanto de la calidad del producto. Precisó que los centros pertenecientes a Amacyl no son “macromataderos” sino pequeñas empresas dedicadas a ovino y vacuno y, a diferencia de estos, no están afectados por problemas con los tiempos de descarga.

Además, consideró positivo la posibilidad que estos sistemas permitirán una mejor asignación de responsabilidades en algún posible caso de mala praxis en todo el proceso, tanto en vivo como en canal, durante la descarga, los corrales, el sacrificio, el faenado y las cámaras. “Siempre hemos estado absolutamente en contra de la responsabilidad total y absoluta que se impone a los mataderos por todo lo que acontezca en su interior, señalando en relación a esto que todo el personal que trabaja en los mataderos recibe los exigidos cursos de formación por parte de las empresas en relación a los temas relacionados con el bienestar animal”, aseveró.

Entre los aspectos negativos, Amacyl señaló que lleva tiempo con la reclamación de una reducción de las tasas con las que está gravada su actividad, muy superiores a otras comunidades en el caso de Castilla y León. No en vano, apuntó que esta ley conlleva un sobrecoste a partir de ahora fijado como obligatorio que viene a añadirse a los de tasas por inspecciones y controles sanitarios, exigencia de un preaviso de 48 horas para la matanza y el hecho de que sea necesario abonar un importe extra para poder los mataderos abiertos a determinadas horas, fines de semana y festivos como los días 24 y 31 de diciembre, todas ellas ya vigentes en la actualidad. 

Hasta el punto que la asociación teme que estos gastos adicionales puedan llevar al cierre de algunos mataderos, con el consiguiente daño a las economías rurales donde tienen mayoritariamente su implantación y donde contribuyen de manera importante al empleo y fijación de población. 

Asimismo, Amacyl planteó la duda de cómo afectará esta ley al sacrificio de animales según los ritos ‘halal’ y ‘kosher’. En este sentido, la asociación reclama desde hace tiempo una regulación específica respecto a la identificación en los puntos de venta de estos productos cárnicos, de manera que el consumidor final disponga de esta información. 

Con respecto a la repercusión mediática que ha tenido la aprobación de esta ley, la entidad mostró su sorpresa por el desconocimiento de una parte de la población del funcionamiento actual de los mataderos, implicados en el cumplimiento de la legislación en torno al bienestar animal y ya altamente regulados y con una vigilancia obligatoria y constante de su actividad por parte de los servicios veterinarios oficiales, por lo que consideran que la implementación de esta ley no conllevará “grandes” cambios en su trabajo diario.

Amacyl concluyó que, en contra de lo expuesto en el real decreto, ni la entidad ni sus asociados han sido consultados ni siquiera informados con carácter previo sobre la publicación de esta normativa.