La Gerencia de Salud registra en el primer año de la pandemia hasta el 62% del volumen de contratación de la Junta

El Consejo de Cuentas asegura que la Junta cumple “razonablemente” con la legalidad pese a “determinadas salvedades” que afectan a los principios de publicidad y de transparencia de los procedimientos.

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La Gerencia regional de Salud registró en 2020, el primer año de la pandemia del COVID, hasta el 62 por ciento del volumen de contratación de la Junta de Castilla y León. Fueron once puntos porcentuales más que el peso que representaba en los dos años previos al inicio de la crisis sanitaria. Le siguen, por importancia, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que representó el 13 por ciento frente al 18 por ciento de los dos ejercicios anteriores, y la Consejería de Educación y como el Itacyl, en torno al cinco por ciento, un punto menos.


Según el informe del Consejo de Cuentas sobre la contratación administrativa en el ámbito de la Administración General e Institucional de la Comunidad en el ejercicio de 2020, presentado hoy en las Cortes por su presidente Mario Amilivia, por tipos de contratos, el 58 por ciento del importe total correspondió a suministros, 19 puntos porcentuales más que en la fiscalización realizada de los ejercicios 2018 y 2019; el 23 por ciento del total fue contratos de servicios, 12 puntos menos; y la contratación de obras supuso el 17 por ciento del importe, cuyo peso relativo descendió cuatro puntos.


Con motivo de su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento autonómico, Amilivia destacó, según recogió la Agencia Ical, que los datos proporcionados por el Registro Público de Contratos de la Administración de la Comunidad señalan que el número de contratos no menores formalizados ascendió en 2020 a 3.390, por un importe de adjudicación total de 960 millones de euros. 


En función de los expedientes examinados conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, el informe del Consejo de Cuentas aseguró que la Junta cumple “razonablemente” con la legalidad aplicable a la contratación adjudicada en el ejercicio 2020, excepto por “determinadas salvedades” que afectan a los principios de publicidad y de transparencia de los procedimientos.