La pandemia disparó en 2020 un 28,2% el gasto de Castilla y León en Sanidad, hasta los 4.751 millones de euros

El gasto de la Junta de Castilla y León en sus políticas sanitarias aumentó un 28,2 por ciento en 2020 respecto al año anterior, debido a la irrupción de la pandemia, hasta los 4.751 millones de euros, lo que supone 1.046 más que en el ejercicio anterior. Así se desprende del ‘Informe sobre análisis económico y financiero del impacto de la COVID-19 en el sector público administrativo de la Comunidad’ realizado por el Consejo de Cuentas de Castilla y León, entregado durante la mañana de hoy en las Cortes.

De acuerdo con el estudio, la política de Sanidad supone el mayor peso relativo (39 por ciento) del gasto y es la que mayor incremento experimenta. A continuación, aparece Educación (18 por ciento) con 2.256 millones y un incremento de 225 millones Agricultura, ganadería y pesca (11 por ciento), con 1.313 millones, desciende 3,5millones. La Deuda Pública también disminuye en 7,8 millones hasta los 1.268. Servicios sociales y promoción social (7 por ciento), con 871 millones, crece en 79.

En 2020 las obligaciones pendientes de pago ascienden en 2020 a 847 millones, lo que supone un aumento del 191 por ciento con relación a 2019, siendo las políticas de Sanidad y Educación las de mayor cuantía, con 426 y 89 millones, respectivamente.

Y en cuanto al impacto en los ingresos, el importe total de los derechos liquidados correspondientes a la pandemia en 2020 asciende a 911 millones. Supone el 8 por ciento de los ingresos reconocidos por la Comunidad, así como el 60 por ciento de su incremento con respecto a 2019, que asciende a 1.527 millones. El 99 por ciento de los ingresos recibidos son transferencias corrientes procedentes de la Administración del Estado. 

Los ingresos del Fondo COVID ascienden a 843 millones y suponen más del 90 por ciento de los fondos recibidos para combatir la pandemia. Los ingresos relativos a los tramos 1 y 2 del citado Fondo, destinados al gasto sanitario, ascienden a 544 millones (65 por ciento). El tramo 3, para gastos de educación, ha supuesto 84 millones (10 por ciento). Por último, los derechos del tramo 4, asociado fundamentalmente a la disminución de los ingresos por la caída de la actividad económica, han supuesto ingresos por 214 millones (25 por ciento).

Según detallan desde el Consejo de Cuentas en un comunicado recogido por Ical, el informe es una auditoría operativa de gestión, que analiza determinados aspectos de la actividad y la situación económico-financiera, especialmente el impacto que la COVID-19 ha tenido en el sector público administrativo de la Comunidad, tanto en el gasto como en los ingresos. El ámbito de la fiscalización toma como base la Cuenta General de los ejercicios 2017 a 2020, pero se detiene en la gestión del último ejercicio para examinar de qué manera se han visto afectadas las políticas de gasto por la aparición de la pandemia, así como los recursos destinados a combatirla.

Del estudio se desprende que los gastos presupuestarios ejecutados en 2020 ascendieron a 12.222 millones de euros, con un aumento interanual del 14 por ciento, es decir 1.468 millones. Los gastos presupuestarios solo se habían incrementado un 1 por ciento hasta 2019 con respecto a 2017.

Gastos

Los gastos por operaciones corrientes aumentan un 16 por ciento, al pasar de 8.460 millones en 2019 a 9.846 millones en 2020. En función de su naturaleza, los gastos de personal se incrementan un 19 por ciento, alcanzando los 4.532 millones. El mayor incremento relativo se produce en el capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios, un 38 por ciento interanual en 2020, por importe de 552 millones. 

Por su parte, los gastos financieros mantienen una tendencia descendente mientras que los de trasferencias corrientes aumentan un 5 por ciento. La ejecución del gasto derivada de operaciones de capital tiene una tendencia creciente situándose en 2020 en 1.181 millones, con un aumento interanual del 6 por ciento. El volumen de obligaciones por operaciones financieras, que ascendió en 2020 a 1.193 millones, es similar al de 2019, mientras que en el periodo 2017-2019 tuvo un incremento de un 11 por ciento.

Asimismo, las modificaciones presupuestarias aumentan un 18 por ciento en 2020, 14 puntos superior al valor del año 2019. En cuanto al grado de ejecución de la totalidad de gastos en 2020 se sitúa en el 97 por ciento, similar al de ejercicios anteriores.

Ingresos

En cuanto a ingresos presupuestarios, en 2020 subieron un 15 por ciento hasta los 12.039 millones, con un aumento neto de 1.527 millones, con respecto al ejercicio anterior, como consecuencia del aumento de las trasferencias corrientes, que hasta 2019 tenían una tendencia ligeramente descendente. Los ingresos tributarios se estancan, los ingresos por operaciones de capital aumentan un 3 por ciento y por operaciones financieras crecen un 31 por ciento. El grado de ejecución de la totalidad de ingresos se sitúa en el 95 por ciento en 2020.

El estudio concluye que el margen derivado de la actividad corriente es “estructuralmente insuficiente para atender las obligaciones exigibles derivadas de la carga de la deuda, así como para destinar recursos a financiar gastos de operaciones de inversión”. Así, señalan que existen necesidades estructurales de financiación en el periodo analizado, y ascienden en 2020 a 650 millones. Si bien han disminuido un 18 por ciento con respecto a las existentes en 2017, han aumentado un 95 por ciento con respecto a las de 2019. El resultado presupuestario presenta en los dos últimos ejercicios valores negativos. En 2020 el déficit fue de 182 millones.

Patrimonio neto negativo

El sector público administrativo de la Comunidad presenta un patrimonio neto negativo por primera vez en 2019 de -6.156 millones de euros. En 2020 se sitúa en -5.860 millones. Dentro de los elementos para su cálculo, aumenta el pasivo exigible, alcanzando en 2020 los 14.927 millones. Es relevante el crecimiento del pasivo exigible a largo plazo, que se sitúa en 12.208 millones con un aumento del 4 por ciento.

“El balance refleja una situación de desequilibrio, con necesidades estructurales de financiación para atender las obligaciones a corto plazo”, destacan. En 2020 fue de -358 millones, inferior a los -715 millones en 2019, por tanto, con tendencia favorable. En coherencia, la ratio de liquidez general pasa de un 74 por ciento en 2019 a un 87 por ciento en 2020. Sin perjuicio de la mejora, señala una situación que estructuralmente genera tensiones de liquidez.

Así, los indicadores de endeudamiento reflejan una “dependencia total de las entidades de crédito y/o de la emisión de deuda para obtener financiación”, constituyendo el pasivo exigible más del cien por cien de los recursos financieros. Así, la deuda soportada por cada castellano y leonés pasa de 6.051 euros por habitante en 2019 a 6.233 euros en 2020.

Recomendaciones y versión online

A la vista del estudio, el Consejo de Cuentas realiza cinco recomendaciones. Desde el punto de vista de liquidación del presupuesto, considera que “la Comunidad debería llevar a cabo actuaciones para que el margen de funcionamiento alcance niveles positivos de manera sostenible, constituyendo una base sólida para el ahorro bruto”. En relación con la solvencia, explican que “sería aconsejable vigilar el indicador de endeudamiento general y los índices de inmovilización y firmeza, con el fin de garantizar mayor independencia frente a terceros, así como una mayor estabilidad patrimonial”. 

“La Comunidad debería realizar actuaciones para corregir el desequilibrio financiero a corto plazo existente, que genera una necesidad estructural de financiación para atender las obligaciones, con tensiones de liquidez. Además, debería corregir la tendencia inadecuada del indicador de liquidez inmediata”, advierten.

Teniendo en cuenta que los gastos ocasionados por la pandemia son coyunturales y en buena medida no han de convertirse en gasto estructural, estiman que la Comunidad debe establecer un sistema específico en las partidas presupuestarias o fuentes de financiación para identificar los gastos e ingresos derivados de las medidas aplicadas como consecuencia de la COVID-19 en el ejercicio 2020, más allá de los textos de los documentos contables. 

En relación con el análisis funcional de los programas y subprogramas de gasto y su impacto derivado de la COVID-19, la Comunidad debería ejecutarlos “siendo coherente con las modificaciones presupuestarias que aprueba, evitando la existencia de remanentes de crédito a final del ejercicio”, especialmente en aquellos en los que su peso relativo es mayor y se encuentran afectados por la pandemia.

Además del formato habitual de informe, el Consejo de Cuentas incorpora en la web una nueva versión interactiva del estudio para hacer más accesible su contenido, una iniciativa pionera en las instituciones de control externo. Entre sus funcionalidades, mejora la navegabilidad del documento, facilita la consulta de indicadores y magnitudes y permite la descarga de datos y exportación de gráficos.