Aplastante crítica de PACMA sobre la actuación de la Fiscalía en la acusación por las peleas de perros en España

El Partido Animalista critica que «ni siquiera en una de las operaciones más importantes de la historia de España contra el maltrato animal se acabe con los condenados en la cárcel».

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El Partido Animalista PACMA ha lanzado un contundente mensaje de crítica respecto a los acuerdos de la Fiscalía con 19 de los 23 acusados por la organización de peleas de perros a través de la red que ejercía a lo largo del territorio español: «Una multa y para casa después de haber maltratado y provocado la muerte a cientos o miles de animales«, precisa la formación política animalista. Las detenciones se produjeron en 2017 en una intervención en la que se rescataron 230 perros utilizados para pelear, en una finca en Tenerife.


Se trata de uno de los dispositivos policiales más complejos de la historia de las ilegalizadas peleas de perros en España. Fuerzas de Madrid, Tenerife, Alicante, Murcia y Andalucía se citaron hace 5 años para irrumpir en mitad de una celebración en la que confluían veterinarios, criadores, policías y otros asistentes que comían y observaban cómo los animales se despellejaban.


Esa primera aproximación sería el extremo del hilo que llevaría a desenmascarar una organización criminal que vivía de la celebración de este tipo de peleas y que las ejecutaba en varios puntos de España, llegándose a intervenir otra finca en Madrid. Varias decenas de perros fallecieron tras su rescate debido a sus pésimas condiciones de salud, y resulta imposible calcular el número de víctimas que perdieron la vida en estas peleas durante años anteriores y a manos de sus maltratadores.


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La operación se salda con 23 detenidos de los que 19 no pisarán la cárcel por haber alcanzado acuerdos de reducción de condena con la Fiscalía. Estos han tenido lugar de forma previa a la celebración del macrojuicio, que dio comienzo el pasado 2 de marzo y que aún continúa.


Reconocer los hechos para reducir la condena

La Fiscalía solicitaba, inicialmente, entre tres y siete años de prisión por los delitos de pertenencia a organización criminal, maltrato animal y omisión de la obligación de perseguir delitos.


Sin embargo, ha llegado a acuerdos con la mayoría de los acusados para reducir las condenas e impedir que alcancen el mínimo legal para entrar en prisión: 24 meses. Para ello, casi todos los acusados acabaron reconociendo los hechos, excepto dos veterinarios, ya que estarían aceptando su inhabilitación profesional, un policía y dos criadores. Su defensa argumenta, entre otras cuestiones, que el delito de maltrato animal no se considera «de tal gravedad» como para el rango de las penas solicitadas.


El Partido Animalista critica que «ni siquiera en una de las operaciones más importantes de la historia de España contra el maltrato animal se acabe con los condenados en la cárcel». El presidente de PACMA, Javier Luna, explica que «no existe miedo alguno por torturar y quitar la vida de forma violenta a los animales porque se sabe que la cárcel es una opción demasiado remota«.


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La formación política argumenta que si la respuesta ante una de las formas más crueles de explotación animal es una multa económica, puede haber quien considere que le sale «incluso rentable«.


«Es de absoluta prioridad equipar a la justicia española de un Código Penal ajustado a nuestro tiempo, que garantice que cualquier forma de infligir dolor, hacer sufrir, desatender o matar a un ser sintiente se pueda pagar con la cárcel, con inhabilitación e incluso con órdenes de alejamiento; nadie entendería que un asesino pagase una multa para librarse de la privación de libertad en otro contexto», apuntan.


Desconsideración de los animales a través de condenas ridículas por matarlos y torturarlos

PACMA sostiene que las penas insuficientes que se aplican a día de hoy contribuyen a la «desconsideración» de los animales. «Un acto delictivo es tan grave a nivel social como dura sea su condena y su tratamiento por parte de la justicia; si ni siquiera ésta tiene las herramientas necesarias para proporcionar condenas que estén a la altura de la expectativa social, tenemos un problema de fondo«.


La nueva reforma del Código Penal propuesta por la Dirección General de Derechos de los Animales no solo es insuficiente a este respecto ya que contempla un máximo de 24 meses de prisión por delitos graves de maltrato animal, si bien este sería justo el tope para no entrar en esta, sino porque daría la opción de elegir, no por suspensión de la pena, sino directamente entre una pena de prisión y una de multa.


Por otro lado, está la pretendida reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que no permitiría la acusación popular en los delitos de maltrato animal. «¿Qué sería de los animales si su defensa quedara exclusivamente en manos de una Fiscalía que solicita las penas mínimas y llega a acuerdos de mínimos con los acusados?» denuncian desde PACMA.