Investigan al PP de Salamanca por posible financiación ilegal
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca ha acordado llamar a declarar en calidad de investigado al PP de Salamanca y al presidente y gerente de la formación, Javier Iglesias, e Isabel Sánchez González, respectivamente, por considerar que existen indicios racionales de un presunto delito de financiación irregular en sus actuaciones durante el proceso de primarias de los ‘populares’. Según el auto del Juzgado salmantino facilitado por el Tribunal Superior de Justicia, los investigados han sido citados para declarar el próximo 30 de diciembre.
Según el relato de los hechos que realiza el juez explica que a fecha de 31 de diciembre constaban un total de 4.913 afiliados del PP de Salamanca sin estar al día de la cuota y que , tras la convocatoria de las elecciones primarias en el partido, se abrió un proceso de actualización y pago de las cuotas de los “afiliados morosos”, dado que sólo podían votar quienes estuvieran al corriente de pago entre lo días 10 y 17 de marzo de 2017. Esta iniciativa se lleva a cabo, siempre según el auto, a instancias del presidente del partido en la provincia, Javier Iglesias, mientras que a la gerente de la formación se le aportan los listados con los militantes que tenían deudas.
Mediante este proceso se amortizó una deuda por cuotas de afiliados por valor de 61.937 euros, de los que 20.447 euros se corresponden con pagos y transferencias de los propios afiliados morosos, mientras que 41.490 euros se obtienen mediante cuotas abonados por cargos electos, personal de confianza y afiliados voluntarios que colaboraron voluntariamente en el pago de cuotas de los militantes morosos. Sin embargo, el juzgado considera que sólo se ha podido seguir el rastro de 17.350 euros mediante declaraciones juradas, por lo que quedarían “sin justificar” otros 24.140 euros, cantidad que considera que puede calificarse como una “donación anónima ilegal”.
No obstante, el tribunal ahonda en el tema y señala diversas circunstancias que aminorarían esa cantidad sin justificar hasta los 7.090 euros, aunque el delito persistiría dado que seguiría siendo una donación anónima ilegal. Así, cita que, en el supuesto de que se dieran por válidos otros justificantes de cantidades extraídas de cuentas bancarias de cargos públicos del partido en los días investigados podría seguirse el rastro de otros 9.800 euros y si se aceptaran hipotéticamente otras cantidades recogidas en documentación bancaria fuera de la semana del 10 al 17 de marzo se podrían encontrar otros 7.250 euros.