Tercera Edad en Acción en Zamora exige explicaciones sobre la paralización de las obras de la Biorrefinería en Barcial del Barco
El Día de Zamora me ha dado la peor de las noticias para nuestra tierra: “Merino decide detener las obras en Barcial, debido a acciones "corruptas" de la Junta con su proyecto”. Si es cierto ese titular, ahora mismo todos los partidos políticos zamoranos, incluso el mismísimo Partido Popular, porque, al parecer, altos dignatarios de la Junta se encuentran involucrados en impedir que la Biorrefinería se construya en nuestra provincia, deberían emitir comunicados al respecto. Por supuesto, Ciudadanos, que forma parte del ejecutivo autonómico, también tendría algo que decir. Igea es el vicepresidente de la Junta. La oposición al Gobierno de la autonomía, como PSOE y su secretaria de Organización, la zamorana Ana Sánchez; Podemos y UPL, que tanto defiende a las tres provincias del viejo Reino de León, algo tendrán que decir, como poco, de momento, pedir explicaciones.
Y nuestra CEOE-Cepyme y la Cámara de Comercio e Industria tendrían que estar llamando ya a los responsables de la Industria y la Economía de la Junta para exigir aclaraciones a la noticia. Y no me olvido de los sindicatos del campo, COAG, Unión de Campesinos, Asaja y UPA, con los que Merino había establecido convenios para comprar maíz y remolacha, materias primas que se transformarían en esa utópica ya biorrefinería, tendrían que dar una respuesta sobre la paralización de las obras en Barcial.
Si la decisión de Merino de parar las obras, a causa de la corrupción de algunos cargos de la Junta, de los que no ofrece nombres, pero se supone que cercanos a las consejerías de Agricultura, Industria y Economía, Zamora tendría que levantarse, porque esta provincia habría perdido el mayor proyecto industrial de su historia.
Empleo el condicional siempre, porque nada se ha demostrado. Pienso que Vicente Merino Febrero, si se ha pronunciado de forma tan rotunda, contundente, dura, acumulará pruebas fehacientes e indubitables de si ha existido extorsión por parte de la Junta a alguna empresa interesada en el proyecto de la biorrefinería. Y si es así, a Fernández Mañueco, como presidente del ejecutivo autonómico, le incumbe investigar qué está sucediendo en su Gobierno, y, si se ha producido un delito de extorsión: «El que, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero».
Como persona, como zamorano y como delegado provincial de Tercera Edad en Acción exijo que Vicente Merino Febrero ofrezca una rueda de prensa sobre este sucedido, y pediría a organismos económicos zamoranos, partidos políticos, sindicatos del campo y a nuestras instituciones públicas pidan explicaciones a la Junta para conocer qué viene sucediendo, desde hace tiempo, y hasta hoy mismo, para que un proyecto de esta importancia haya recibido y aún sufra todo tipo de obstáculos, zancadillas y trabas para destruirlo.
Si Vicente Merino Febrero tiene pruebas, adelante con ellas. Podría ser un escándalo de alcance nacional